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    Predeterminado Mentiras, endeudamiento y vaciamiento de YPF

    La contrarrevolución del 76
    Mentiras, endeudamiento y vaciamiento de YPF

    Federico Bernal*

    'Para facilitar la venta del Ferrocarril Oeste, la operación fue precedida por una insidiosa campaña de descrédito. Se comenzó por endeudarlos. Se irritó a los usuarios con malos servicios y encarecimientos, consecuencias de la desorganización planificada. Empezaron a producirse déficit cuya resonancia la propaganda periodística extendió y multiplicó sin explicar sus causas'.

    Raúl Scalabrini Ortiz.


    Introducción

    No es posible analizar la política argentina en general, mucho menos las políticas socioeconómicas, sin prestar atención al flujo de los intereses mundiales. Dicho en otras palabras, no se pueden desconocer los factores externos y cómo estos se funden con los internos.
    Expresados en dólares constantes de 1973, los precios del petróleo prácticamente se cuadruplicaron después del tercer trimestre del mismo año 2,67 dólares por barril en 1972 a 9,82 dólares en 1974.

    Para 1974, el shock de precios petroleros movilizaría como nunca a los sectores públicos y grupos privados que operaban en la política energética mundial. Hasta el año anterior, el precio internacional del crudo estuvo definido por los costos de producción de los yacimientos más eficientes. De allí en más, se tendió a buscar un equivalente a su costo de reposición, que corresponde aproximadamente a los yacimientos más costosos. Consecuentemente, y sobre todo a partir del alza de las tarifas en 1974, la renta diferencial petrolera generó una multiplicación considerable de ganancias para los países productores a bajo costo. Los yacimientos argentinos en producción, no así los aún sin explorar, elevaron proporcionalmente su renta potencial, despertando las apetencias de los grupos de poder internacionales.

    Mientras tanto, en la Argentina, los precios elevados y la disponibilidad potencial de petróleo en especial los del Mar Austral alzaron la cresta al punto de máxima amplitud; la ola rompió con todo en 1976, privatizando y desindustrializando cientos, miles de metros cuadrados de soberanía. El golpe no fue petrolero, pero desligar el interés privado internacional hacia el petróleo de la actuación posterior del gobierno golpista, no puede omitirse. Los resultados son más que elocuentes: la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue destinataria de una privatización periférica sin parangón en la historia de las empresas públicas nacionales.

    En realidad, YPF fue una de las tantas empresas estatales heridas de muerte (cuando hubo otras que directamente fueron eliminadas de cuajo), pues los golpistas y las fracciones de clase que representaban, tenían un único objetivo: refundar estructuralmente al país, tanto en términos socioeconómicos como políticos. Se dice que la importancia relativa de una revolución se mide por el grado en que la misma afecta a la estructura productiva. Los cambios introducidos en la Argentina a partir de 1976 claramente demuestran que se trató de una revolución oligárquica, antinacional y antipopular, o lo que es igual, una contrarrevolución. Martín Schorr en su trabajo Industria y Nación, señala que "la reforma financiera de 1977 con la arancelaria y el endeudamiento externo, derivados de 1979, interrumpieron el modelo de sustitución de importanciones sobre el que se había estructurado, durante las décadas anteriores, el comportamiento de la economía argentina. Desde allí en adelante no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico, sino la valorización financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado, modificación que derivó en la contracción y en la reestructuración [desindustrialización masiva] de la producción industrial".

    Treinta años más tarde, el modelo contrarrevolucionario tambalea herido por varios flancos. El pueblo argentino aguarda ansioso la revolución que le dé muerte eterna.

    El ablande

    Roberto Alemann, ex-ministro de Economía de Frondizi, resultaría nuevamente electo para el mismo cargo bajo el gobierno de Galtieri. En sus primeras declaraciones dejaría muy en claro la estrategia oficial respecto a la renta petrolera. En 1981, Ambito Financiero interpreta así el pensamiento del citado funcionario: "la idea básica de Alemann es que cada propietario de la tierra explore y explote el subsuelo al igual que como sucede con el trigo en la superficie. Y de la misma manera sea dueño de comercializar la producción. El petróleo insistía [Alemann] debe ser explotado como el trigo, sin diferencias". Al día siguiente, en otro artículo de igual inspiración "alemannista", el matutino sugería la necesidad de hacer regir el Código Civil y no el de minería, pues el primero, a diferencia del segundo reconocía la propiedad de los particulares sobre el subsuelo; a partir de esa medida, especulaba, se podría conseguir, en pocos años, la perforación de "miles de pozos" que darían lugar a exportaciones adicionales de petróleo equivalentes a mil millones de dólares por año".

    Esta estrategia desnacionalizadora, que se profundizó con Alfonsín para luego concretarse con Menem, venía implícita en el proyecto económico del equipo de Martínez de Hoz. Si bien nunca fue planteada con tanta claridad, por entonces ya traslucían algunos de los objetivos esenciales. Se imponía aumentar la extracción de petróleo a partir del sector privado, y en condiciones que permitiesen trasladar a éste la renta petrolera hasta entonces detentada en buena medida por el Estado a través de YPF. Más adelante veremos por qué motivo no les fue posible aplicar estas medidas de la manera en que hubieran querido.

    Los golpistas del 76, representantes de los grupos privados internacionales, estaban resueltos a encabezar la estrategia de desnacionalización. La tarea no era sencilla; la barrera estatal no debía ser subestimada, pero sí vencida cuanto antes. Jorge Schvarzer, sintetiza así la estrategia antinacional de Martínez de Hoz: "el equipo económico tuvo que enfrentarse con la burocracia estatal, encontrar una vía para suprimir la resistencia de YPF, apoyar el crecimiento del sector petrolero privado, de manera de prepararlo para asumir las funciones deseadas, y asegurar la explotación de las áreas designadas[...]".

    Jorge Bustamante, un miembro de segunda línea en el equipo económico del 76 (debido a su juventud), reconoció que la estrategia llevada a cabo consistió en limitar el crecimiento de YPF, pero se quejó que dicho objetivo no fue acompañado de una decisión política de alto nivel de correlativa privatización. Estas manifestaciones, insólitas sin duda, revisten especial interés puesto que aluden a la política económica aplicada sobre YPF, particularmente entre 1976 y 1981. Como el lector deducirá, los objetivos centrales de la política petrolera no consistían en aumentar la producción de petróleo, mejorar la eficiencia sectorial, incrementar la tarea de exploración, explotación, etcétera, sino que por el contrario estaban destinados a perjudicar todas estas cuestiones. La prioridad era, en síntesis, desmantelar YPF, principal escollo para el equipo económico de la dictadura.

    Desde 1922, año de su creación, la empresa petrolera argentina había demostrado capacidad para resistir políticas orientadas en su contra, originadas dentro y fuera de la gestión pública. Por tanto, uno de los prerrequisitos para estimular el desarrollo de la actividad privada debía centrarse en limitar el crecimiento y la presencia de YPF.

    La interrelación entre ejército e YPF había sido no sólo producto del legado de Mosconi y Baldrich, sino en realidad, la consecuencia directa del activo rol del ejército en el desarrollo industrial argentino. El sector de las Fuerzas Armadas ligado históricamente a la industria nacional era el mayor escollo para emprender la tarea expropiadora. Y entonces comenzaron. Primera acción concreta de saboteo: la sustitución de militares al mando de la empresa.

    Dos interventores militares, uno en marzo y otro en abril, fueron nombrados para ocupar la presidencia de YPF. Durante 1976, los enfrentamientos entre el gobierno y los interventores llegaron a trascender los medios de difusión. Hacia fines de año, el presidente de YPF suspendió pagos del impuesto a los combustibles a la Secretaría de Hacienda, la que los reclamó inmediatamente. La causa, expuesta por él mismo, obedecía a que YPF registraba serios problemas presupuestarios por las bajas tarifas reales que se le estaban imponiendo. Ante la falta de respuestas a anteriores advertencias y reclamos desde los órganos de conducción de la política económica, la empresa se vio obligada a retener el dinero derivado de los impuestos. Apuntaba así a proteger su capacidad económica, desprotegida desde el ministerio de economía.

    En 1977, luego de un año de infructuosas experiencias con presidentes militares en YPF, en general bastante reacios al plan saboteador, Martínez de Hoz por fin impuso a un civil en el primera función: Raúl Ondarts.

    Si bien el flamante presidente pensaba trasladar a la actividad privada parte de las tareas del ente estatal, sostenía debía hacerse a largo plazo. La inicua tarea no fluía con la naturalidad deseada. Ondarts defendió YPF en numerosas oportunidades, una de las cuales, quizás por su repercusión pública, fue notablemente gráfica sobre los designios del gobierno. Denunciaba que la empresa "debe vender petróleo a Shell y ESSO a 46 dólares la tonelada cuando nosotros lo pagamos a los contratistas a 50 dólares". Falleció en un misterioso accidente de avión en noviembre de 1979 y fue reemplazado por el vicepresidente. Las relaciones entre la empresa y el gobierno no variaron a pesar del cambio.

    Después de analizar la política petrolera global del Proceso, podrán advertirse las dificultades que encontraron los golpistas para colocar a un miembro de su entorno en la conducción de YPF. Una vez instalado creían, resultaría sencillo contener el desarrollo e ir limando el alcance de la empresa estatal. Sobre la marcha, aunque desde el comienzo, los resultados probaron que este camino resultaría insuficiente. La concreción de sus planes tenía que encararse conjuntamente con otras maniobras saboteadoras.

    Tarifas, precios y endeudamiento deliberado

    En el memorando enviado al FMI en junio de 1976, se reitera el objetivo de "incrementar las tarifas del sector público, habiendo una mención expresa sobre el precio del petróleo, el cual sería aumentado y, en el futuro, se lo ajustará para mantenerlo a un nivel realista". El secretario de Energía, ingeniero Zubarán, afirmaba que el precio local tiene que "alcanzar al internacional, y que se encuentra sólo a 20% de dicho valor". Dos meses después, anunciará un programa para llevar los precios del petróleo crudo a un 75% de los internacionales para fines de 1977.

    Ahora bien, ¿en qué consistía la trampa? Estas declaraciones de intención sobre el precio del petróleo contrastaron abiertamente con la tendencia seguida por las tarifas de combustibles y los ingresos de YPF como valor de retención. Para el trienio 1973-1975 el precio al público era de 139,6 pesos, y el valor de retención 123. Para el trienio siguiente fueron de 115,2 y 101,3 respectivamente. Entre 1979 y 1980, continuaron la baja hasta llegar a 96,0 pesos (precio al público) y 84,8 pesos el valor de retención.

    Como señalamos al principio del capítulo, el shock petrolero de comienzos de década incrementó notablemente los precios de crudo. La respuesta peronista fue proporcional al traducir el aumento a los precios de los combustibles, llevándolos hasta casi un 65% por encima de los del trienio anterior. Sin embargo, después del golpe, esta política no se mantiene, sino que se revierte. Entre 1976 y 1980, el precio promedio del combustible disminuyó progresivamente. Mientras que el internacional aumentaba el precio de los combustibles bajaba, incluso a niveles inferiores a los que se cobraba en 1960. En consecuencia, el valor de retención de la empresa también se vería depreciado. Por ejemplo, a pesar del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional, entre 1979 y 1980, YPF percibió por cada litro de combustible vendido, un 15% menos que en 1960. El objetivo de semejante política económica era más que ostensible. Los precios al público se mantenían bajos de tal manera de afectar los ingresos unitarios de YPF. Esta restricción económica se constituyó en la principal limitación de la actividad de la estatal, al reducir tanto su capacidad operativa como su rol en el negocio petrolero. Si bien la "batalla por las tarifas" probaba ser una eficiente arma de desmantelamiento, no vendría sola. La desvirtuación de los precios sería el complemento perfecto.

    Schvarzer señala que, "a fin de incentivar a los empresarios, el precio pagado por el petróleo a los contratistas tendió a moverse en forma independiente de los costos de extracción registrados por YPF. En general, se buscó igualar los precios pagados con los internacionales que, como se sabe, incluyen un elevado valor por la llamada "renta minera", especialmente durante la última década[...]". Dicho de otra manera, el ritmo de los precios del petróleo obtenido por los contratistas no se ajustaba a la evolución de los costos internos sino a la política tarifaria fijada por la OPEP.

    "Incrementar los precios de YPF significa, ni más ni menos, trasladar una parte del ahorro disponible de la actividad privada al desarrollo de YPF ", esto, dicho por Bustamante. Realmente, no hay más para agregar. El equipo de Martínez de Hoz aumentaba el precio del crudo para estimular la actividad privada; al mismo tiempo, se preocupaba por no elevar el precio de YPF para limitar su desarrollo. Como si esto resultara poco, en el mismo período YPF sería obligada a endeudarse en las peores condiciones.

    El gobierno de facto y su inefable ministro de Economía, lograron tender y concretar una hábil campaña de endeudamiento progresivo de las empresas energéticas públicas a fin de allanar el camino para su definitiva privatización. Como corolario de este plan de transferencia del patrimonio público a manos de capitalistas extranjeros, en abril de 1982 los funcionarios de equipo de Obras Públicas del Proceso anunciarían la profunda necesidad de privatizarlas. La misma excusa empleó Carlos Menem para terminar de privatizar, eso sí, a precios muy inferiores a los reales, producto de los pasivos ingeniosamente generados una década atrás.

    Sucintamente, el mecanismo del endeudamiento fue el siguiente: mientras que el equipo económico negaba un aumento de tarifas a las empresas públicas, las obligaba a pedir créditos en el extranjero, aún cuando no los necesitaban. Al arribar los dólares del exterior al Banco Central, el Ministerio de Economía dio la orden de, primero, no entregarlos a la empresas estatales que los pidieron, sino darles sólo los pesos correspondientes al cambio oficial (el que era artificialmente menor que el cambio "libre", o sea el del "mercado". Segundo, el Banco Central podía luego retener esos dólares en sus arcas (o bien depositarlos en un banco extranjero); y tercero venderlos en el "mercado", estimulando la bicicleta cambiaria y la preservación de la "tablita cambiaria". Las pericias determinaron que YPF fue obligada a endeudarse de esa manera en 6000 millones de dólares. Paralelamente, consecuencia de los bajos salarios relativos sufriría una persistente fuga de profesionales, con el desmembramiento de secciones y oficinas enteras. Liso y llano sabotaje.

    Por último, conjuntamente con la "batalla por las tarifas", la desnaturalización de los precios y el endeudamiento, los propulsores de la privatización debían estimular directamente el crecimiento del sector que encarnaban, verdadero lei motiv de la cuestión. Como YPF era amplio dominador, favorecer el desenvolvimiento privado en las mentes colonialistas iba íntimamente ligado a desfavorecer el estatal. El año del golpe, el secretario de Energía anunció que se llamaría a licitación para buscar y producir petróleo, dando preferencia a aquellas empresas extranjeras que estuvieran dispuestas a asociarse con empresas locales. En total, alrededor de una veintena de grupos empresarios ingresaron a la actividad petrolera local o se consolidaron en ella. No obstante, lo denigrante del asunto no estaría dado por la simple licitación e insano empuje del sector, sino que, paralelamente a ello, YPF le transfirió a los privados parte de sus actividades incluyendo yacimientos propios en plena producción, además de abandonar la explotación de zonas bajo su dominio para pasar a explorar regiones de bajo potencial petrolero o mayor riesgo.

    El área petrolera fue sin dudas la más acosada por las políticas privatistas. Aunque la privatización no pudo ser total, sí fue parcial. A ésta última se la suele denominar "privatización periférica", y supone el traspaso de sólo algunas actividades al sector privado. Consecuentemente YPF, quizás como ninguna otra empresa estatal de las de mayor volumen, fue privatizada "periféricamente".

    Entre julio de 1976 y junio de 1980 YPF realizó 37 licitaciones para ceder áreas petroleras. En cifras absolutas, el sector privado saltó de una extracción de 5,9 millones de toneladas de petróleo en 1976 a casi 11 millones en 1980, año en el que su participación alcanzó un 40% de la producción total. La actividad de YPF en lo que se refiere a la extracción de petróleo permaneció constante durante cinco años; todo el incremento fue tomado por el sector privado. Ahora bien, esto no significa que los empresarios particulares hubieran desarrollado la explotación. En realidad era YPF quien invertía.

    Con la irrupción del gobierno militar en 1976, se inaugura el verdadero proceso de vaciamiento de YPF que culminará con su destrucción por la administración menemista. Las acciones de las empresas petroleras Astra y Pérez Companc aumentarían un 150%, 5 días después del "histórico" discurso del 30 de julio de 1976, fecha en que el economista golpista anunciaba "si queremos llegar al autoabastecimiento de petróleo, el precio que pague YPF a los futuros contratistas deberá estar de acuerdo con el precio internacional de crudo".

    Las verdaderas causas de la ineficiencia

    A continuación, procederemos a enumerar las principales argucias administrativas, políticas y económicas tendientes al debilitamiento general de YPF. Punto por punto, las verdaderas causas de la ineficiencia y posterior decadencia de la estatal petrolera argentina.

    - Se cedió a la actividad privada yacimientos de petróleo que YPF explotaba por administración con toda la infraestructura montada, con el agravante que se pagaron precios muy superiores a sus costos de producción. Como resultado de esta política, entre 1977 y 1982 se transfirieron a la actividad privada un total de 25 yacimientos de YPF en explotación, varios de los cuales eran altamente eficientes. Por ejemplo, sólo en el primer llamado a licitación pública, se obligó a YPF a transferir a empresas privadas, sin cargo alguno, 9 yacimientos en explotación. A uno de ellos, denominado 25 de Mayo El Medanito, transferido a las empresas Bridas y Pérez Companc, le correspondía 2.845 m3 diarios, es decir un nivel anual de 1.038.425 metros cúbicos.

    - De un endeudamiento de sólo 350 millones de dólares a fines de 1975, se pasó a 1322 millones al 31 de diciembre de 1978, alcanzando los 4644 millones a principios de 1983. Los egresos entre 1977 y 1978 se cuadruplicaron.

    - El esfuerzo de perforación de pozos de exploración de máximo riesgo minero, recayó prácticamente en su totalidad en YPF, ya que en el período 1977-1985 perforó 942 pozos nuevos (el 98,1% del total) frente a sólo 18 realizados por los contratistas.

    - Entre 1975 y 1981 la participación de YPF en el crudo elaborado descendió del 75% al 69%, en tanto la Shell y ESSO aumentaban su participación en 3 y 2 puntos, respectivamente.

    - YPF tuvo que revender parte del petróleo que extraía a las refinadoras ESSO y Shell a precios fuertemente subsidiados, las más de las veces, al mismo precio con el que adquiría el petróleo a algunos contratistas. Sirvan tres ejemplos categóricos: en enero de 1981, compraba petróleo a varios de sus contratistas hasta 128 dólares por metro cúbico y debía venderlo a las empresas extranjeras antes mencionadas a 101. Y como en 1982, al transferir a las mismas 8,8 millones de m3, la diferencia entre el precio internacional (200 u$s) y el interno (51u$s) daba un valor de 149 u$s/m3, de haberse vendido ese crudo al precio internacional YPF hubiese percibido 1.311 millones de dólares más por año. Finalmente, en 1983, mediante la Resolución MOSP N° 50/83 YPF debió entregar su petróleo a Shell y ESSO a 51 u$s/m3. En pocas palabras: se obligaba a YPF a vender su propio crudo a las refinadoras a precio de pérdida.

    - En 1976 el Dr. Bustos Fernández, entonces vicepresidente de Pérez Companc, firmaba con YPF seis de los contratos de explotación de yacimientos en producción de YPF. En 1982, cuando se renegociaban Fernández asumió como presidente. Como este, decenas de casos similares.

    - Se le impedía a YPF exportar excedentes al prohibírsele el permiso correspondiente. Esto provocó la pérdida de energía en muchos yacimientos e incluso la duplicación innecesaria de la extracción.

    - Se le dio a YPF una parte ínfima del precio de venta de las naftas que se vendían en el mercado, permitiéndose a su vez, la expansión del mercado de comercialización a favor de sus competidoras. La participación de YPF descendía, por ejemplo en nafta común, de 65,2% en 1978 a 58,4% en 1981.

    - Se la obligó por decreto a no cubrir los puestos técnicos vacantes, y como contraparte, a incluir en su planta permanente al personal de empresas cerradas (caso de General Motors). Asimismo, se le impuso la designación, en tareas directivas, a funcionarios de compañías de la competencia o ligados a ella.

    - Se le imponía que mantuviera los salarios de sus cuadros técnicos lo más bajos posibles, provocando un verdadero éxodo de profesionales a las empresas privadas emergentes.

    - Se le impedía la compra de insumos esenciales obligándola a la contratación de servicios.

    - La permanente campaña de acción psicológica y deformación de la verdad. El 13 de diciembre de 1972, el entonces Administrador de YPF, General Omar Actis, hizo público uno de los datos fundamentales de la explotación del petróleo, al mencionar que el costo total para producir cada metro cúbico de petróleo fue (en 1971) de 4,18 dólares. Sin embargo este valiosísimo dato sobre el costo interno de YPF para producir cada metro cúbico de petróleo fue totalmente ocultado por los distintos medios de difusión, que dieron un resumen de la exposición de Actis, pero sin mencionar el citado costo interno. Obviamente que la omisión no era producto de un desliz periodístico: la difusión de las cifras reales hubiera dejado sin sustento a los contratistas que explotaban petróleo para YPF, a los que se les pagaba valores mucho más altos para realizar el mismo trabajo. Resumiendo, la campaña psicológica estaba orientada a ligar el precio del petróleo internacional con los costos de producción, hecho que carece de validez tanto a nivel mundial como nacional. La vinculación entre precios y costos no presenta una dinámica proporcional. Otra muestra de la ligazón medios de prensa-intereses antinacionales: en 1982, en un artículo aparecido en La Nación, un director de la empresa contratista de YPF, CADIPSA, indicaba que en 1976 YPF invita a empresas argentinas a ofertar en licitaciones de áreas que consideraba marginales por su pequeño tamaño, estado o porque su puesta en marcha implicaba inversiones que no quería realizar. De ninguna manera se trataba de áreas marginales: el conjunto de los 9 yacimientos licitados ese mismo año producían más de 150% promedio de petróleo que los restantes yacimientos que aún conservaba YPF. Además, en todos los casos se entregaron yacimientos en plena producción y con toda la infraestructura montada.

    - En 1981, YPF le vendió a Shell un total de 3.472.900 m3 de petróleo. Si solamente YPF hubiera cobrado el 60% del precio internacional del petróleo, es decir 132 dólares por metro cúbico, hubiese percibido 270 millones de dólares más de lo que realmente cobró. ¿Por qué las autoridades económicas otorgaban a una empresa británica semejante privilegio económico en contra de los intereses de la Nación?

    - Los precios y tarifas percibidas por las empresas energéticas públicas sufrieron un franco deterioro. En el caso de YPF, se observó una baja progresiva desde 1974 hasta 1978, año en el que experimenta un ligero aumento, para continuar cayendo aún más desde 1979 hasta 1982.

    - Irregularidades en la adjudicación de los contratos y su renegociación. Era frecuente la aparición de contratos de perforación, terminación y reparación de pozos, a precios muy superiores a los costos que por igual tarea realizaba YPF e incluso con marcadas deficiencias técnicas. Además, favorecían notoriamente a las empresas privadas en caso de conflictos entre partes. La excusa para facilitar este tipo de contratos era la falta de equipos para cumplir con los planes de trabajo. Lo concreto, y esto se comprobó en numerosas oportunidades, era que cuando las compañías necesitaban "hacer caja" para el cumplimiento de sus obligaciones financieras, obligaban a YPF a través de órdenes emanadas de la Secretaría de Energía para agregar planes adicionales de perforación por contrato, sistemas de "llave en mano", pozos intermedios, etc., lo que terminaba trastocando los planes originalmente previstos. Esto provocaría en YPF un exceso de producción que en muchas oportunidades, por falta de depósitos adecuados, se la colocaba en tierra con las consecuentes pérdidas por evaporación.

    De esta manera, la empresa modelo estatal argentina era jaqueada desde todos los ángulos. La campaña mediática también prosiguió sin descanso. Martínez de Hoz, en su discurso del 2 de abril de 1976, 9 días después del golpe, preanunciaría el nefasto futuro de la empresa: "La primera prioridad es acelerar la recuperación secundaria para frenar la continua caída de la producción. Para ello YPF deberá llamar a licitación para la contratación de empresas privadas que deberán tomar a su cargo los trabajos respectivos [...] Deberá también contratarse con empresas privadas la extracción primaria en zonas con exploración ya finalizada y que YPF no está en condiciones de encarar de inmediato [...] El mayor esfuerzo deberá concentrarse en la exploración, por cuanto los hallazgos de los últimos años no han permitido compensar ni siquiera el consumo [...]".

    Fuente: lafogata.org
    Última edición por FENIX; 29/11/2008 a las 07:21

  2. #2
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    Predeterminado Respuesta: Mentiras, endeudamiento y vaciamiento de YPF

    Estamos mal, pero... ¿vamos bien?

    Los analistas coinciden en que la crisis energética es consecuencia de la privatización y “desregulación” implementada en la década del ’90. Las diferencias surgen al analizar el presente. Para algunos hay continuidad y para otros ruptura con las directrices del menemismo.

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    Camino al colapso


    Por Gustavo Calleja *


    La Argentina creció en base a un modelo energético nacional, estatal, racional y centralizado donde el Estado capturaba las rentas generadas. Tenía carácter estratégico, lo ideó Hipólito Yrigoyen y lo desarrolló la YPF de Enrique Mosconi que se ocupó de civilizar, descubrir, desarrollar, refinar y comercializar sus derivados; pero también generó el crecimiento de los subsistemas eléctrico y vial, a los que dotaba de los ingresos necesarios a través de los impuestos llamados Fondos Energéticos y Viales. La política la fijaba libremente el Estado Nacional. Se trabajaba con un horizonte de treinta años. Las energías no renovables financiaban a las renovables. En 1989 estábamos autoabastecidos, el 60 por ciento de la población tenía acceso al gas natural o a sus bienes sustitutos a precios similares (GLP), teníamos represas hidroeléctricas en construcción, reservas de gas y petróleo que alcanzaban a los 40 y 20 años, respectivamente, y un sistema vial nacional sin peajes y precios razonables.

    La liquidación de ese modelo, concretada por Carlos Menem, y su reemplazo por el modelo de mercado consistió en la liquidación de los activos estatales, el abandono de la función planificadora y controladora del Estado, la indefensión de los usuarios convertidos en clientes cautivos. Además, nos interesa señalar especialmente la cesión de la multimillonaria renta petrolera que dotó a las multinacionales de millonarias ganancias libremente remitidas al exterior; así también se privilegió a los generadores eléctricos, a quienes se los eximió de las obligaciones que surgen de ser considerados servicio público y se los dotó de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que maximiza sus ganancias. Todos los actores del mercado decidieron no invertir en el país. Sin dudas, la actual crisis es producto de 18 años de desinversión.

    Actualmente, las reservas de petro-gas apenas alcanzan a los cinco años, los yacimientos están agotándose, no existen nuevas represas en construcción, la generación eléctrica apenas cubre el consumo normal, Atucha II presenta atrasos inexplicables, sobre Atucha III no se habla, la cota de 83 metros de Yacyretá parece inalcanzable a pesar de los millones de dólares que anualmente se le asignan, las refinerías son las mismas que en 1989 y es insuficiente la producción de gasoil, la red troncal de gasoductos es la misma que en 1989 y tampoco alcanza la producción local, los contratos de exploración marina pecan de desconocidos y no favorecen los intereses nacionales, la gestión de la empresa estatal Enarsa muestra deficiencias en temas claves como los negocios con Bolivia y Venezuela.

    El Gobierno no ha tocado ni una sola norma implantada en los noventa. Los generadores no son un servicio público y el MEM continua generándoles grandes ganancias. El Plan Energía Plus consiste en decirles a los empresarios que se las arreglen como puedan. Los aumentos de tarifas cargan sobre los supuestamente grandes usuarios el mantenimiento de las ganancias de las generadoras, que siguen libres de cualquier obligación de invertir. No hay solución posible si anualmente no se incorpora una potencia equivalente a dos Piedras del Aguila y una Atucha II.

    En cuanto a hidrocarburos, la actual administración profundizó lo peor del modelo anterior, premiando a las petroleras con las leyes de desgravaciones en activo fijo y en exploración de hidrocarburos. Pero lo más grave es la sanción de la llamada Ley Corta, mediante la cual se cede a las provincias el dominio jurisdiccional del subsuelo. Somos el único país del mundo donde los estados provinciales administran un bien de tan alto valor estratégico. Los planes llamado Petróleo Plus, Gas Plus y Refinación Plus son premios a los no inversores, pues percibirán más por lo mismo. También nos haremos cargo de inversiones en sus refinerías, pendientes desde 1988. En momentos en los que el Banco Central ha extremado los controles para evitar la salida de dólares, los petroleros mantienen la prebenda de dejar en el exterior el 70 por ciento de sus ventas, sobre las que sería interesante ver si pagan el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

    De esta crisis de desinversión se sale con un vasto programa de sobreinversión. El financiamiento no debe surgir de tarifas sino de la recuperación de la renta del petróleo. Estamos hablando de una suma anual de 10.000 millones de dólares. Pero este camino requiere decisiones políticas que están muy lejos de un gobierno que se enrola en el progresismo cosmético pero que adhiere a las políticas de mercado. Resulta imprescindible recuperar las riquezas petroleras de los productores de la Ley de Hidrocarburos e invertirlas en generación nuclear e hidráulica y nuevas exploraciones. Los problemas seguirán en aumento, día a día la situación eléctrica se deteriorará y la actual crisis llegará a situaciones de colapso.

    * Ex subsecretario de Combustibles de la Nación, vicepresidente del Moreno.



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    Logros kirchneristas


    Por Federico Bernal y Ricardo De Dicco *


    La sanción del marco regulatorio del sector eléctrico en 1992 provocó un cambio drástico en la morfología del mercado argentino. Las empresas estatales nacionales, provinciales y las cooperativas fueron –en el mejor de los casos– desintegradas vertical y horizontalmente, esto es, segmentadas por unidades de negocio: generación, transporte y distribución. Un caso emblemático fue Segba, empresa que fue atomizada en: 1) tres distribuidoras, Edenor, Edesur y Edelap; 2) una empresa transportadora de alta tensión, Transener; y 3) seis distribuidoras troncales (para operar en el interior del país), todas ellas desempeñándose bajo una modalidad monopólica, a excepción de las generadoras térmicas e hidráulicas que desde entonces compiten en el Mercado Eléctrico Mayorista.

    Consolidado este mercado de competencia imperfecta y –como se demuestra en la actualidad– altamente ineficiente, las prestatarias del Servicio Público del transporte y de la distribución eléctrica se desenvolvieron de forma anárquica, como sólo puede ocurrir bajo las leyes del mercado. En efecto, entre 1993 y 2001 las operadoras llevaron a cabo una serie de aumentos tarifarios sistemáticos, dolarizaron e indexaron las tarifas eléctricas ancladas a la inflación en Estados Unidos, violando por ello el Marco Regulatorio y la Ley de Convertibilidad. Apuntaladas y protegidas por los gobiernos de turno, se les permitió internalizar rentas extraordinarias (transferidas al exterior) en detrimento de su lógica reinversión en infraestructura de transporte, distribución y desarrollo tecnológico. El resultado: ganancias extraordinarias, nulas o exiguas inversiones y comportamientos extorsivos (se recordará que en 2002, estas mismas operadoras extorsionaron al Estado con la amenaza mafiosa de producir apagones si no se redolarizaban las tarifas).

    En el segmento de generación, las pocas inversiones de las empresas se destinaron a incrementar la potencia instalada térmica, profundizándose aun más la dependencia hidrocarburífera de la matriz eléctrica en un país que además exportaba gas natural, petróleo y productos derivados (combustibles de las usinas termoeléctricas). Se llegó así al año 2003, donde se hizo evidente la presencia de una grave crisis energética estructural consecuencia de la privatización y destrucción del Estado entre 1989-2002. Como respuesta, el gobierno de Néstor Kirchner presentó en 2004 un plan energético con horizonte al 2008, luego ampliado al año 2013 por la actual administración. Los resultados del avance de este plan son más que interesantes, sobre todo considerando la ausencia de una política energética nacional desde 1989. El programa energético implementado por el kirchnerismo viene así a discontinuar primero y revertir después la ejecución de un plan energético librado íntegramente a las fuerzas del mercado.

    Entre sus logros, cabe destacar la creación de una empresa energética estatal: Enarsa. Bajo el régimen del derecho privado, Enarsa ha comenzado a tener una paulatina participación en ciertos segmentos claves del mercado ampliado de la energía, no así en el hidrocarburífero local cuya participación es prácticamente nula. Al día de la fecha y en el sector eléctrico, Enarsa opera con el 25 por ciento de la transportista más importante del país, Transener, y tiene una pequeña participación en el segmento de generación con 214 MW de potencia instalada en equipos de generación térmica.

    Por otra parte, y luego de dieciséis años de inversiones nulas por parte del capital privado en el segmento transporte, el Estado inició la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión mediante la finalización de 529 km de líneas de extra alta tensión de 500 kv durante el período 2004-2007 y más de 1500 km durante 2008, restando todavía más de 4000 km para completar la ampliación formulada en el Plan Energético 2004-2013. En el segmento de generación, las inversiones alcanzan un total de 11.791 MW de potencia, de los cuales se efectivizaron hasta la fecha algo más de 4000 MW, provenientes de la elevación de cota en Yacyretá, el aumento de potencia en usinas térmicas existentes y la construcción de dos nuevas de ciclo combinado (de 800 MW c/u). Además, se estima para 2010 la puesta en marcha de Atucha II. No obstante, si bien el plan energético 2004-2013 contempla la diversificación de la matriz energética nacional y la del suministro eléctrico en particular, las demoras en la terminación de Atucha II, en la iniciación de la construcción de nuevas usinas nucleares e hidráulicas, así como también en la fabricación de equipos eólicos de tecnología propia comienzan a jaquear la seguridad energética y eléctrica del país en el corto plazo. En este sentido, urge que el Gobierno ejecute sin más dilaciones los planes lanzados en materia nuclear, hidráulica y eólica, estratégicos al desarrollo socioeconómico de la Argentina.

    * Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas

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