El Gobierno de Pakistán acusa de alta traición al expresidente Musharraf

El Supremo tiene que decidir si establecer un jurado especial para juzgar al exmandatario



El País - ÁNGELES ESPINOSA Dubái 18 NOV 2013
Pakistán está este lunes pendiente del Tribunal Supremo. El Gobierno de Nawaz Sharif pidió el domingo a esa corte que establezca un jurado especial para juzgar al expresidente y general Pervez Musharraf por alta traición. La decisión supone un paso más hacia la consagración de la supremacía del poder civil sobre el militar, pero también tiene tintes de vendetta política y personal. De ahí que los observadores alerten del riesgo de que el caso alimente la inestabilidad de un país ya en precario equilibrio político, económico e institucional.

El ministro del Interior, Chaudhry Nisar Ali Khan, explicó el domingo que el Gobierno acusa a Musharraf de haber “subvertido la Constitución” a finales de 2007 cuando impuso el estado de emergencia y destituyó a buena parte de los miembros de la judicatura. La acusación, que acarrea la pena de muerte, llega justo cuando el ex dictador esperaba autorización para viajar fuera del país, tras haber logrado la libertad bajo fianza en los otros casos que tiene abiertos. Nunca antes un antiguo presidente o jefe del Ejército se ha sentado en el banquillo.

Existen sin duda argumentos legales para dar ese paso. Alguien tan poco sospechosa de simpatías con la Liga Musulmana de Sharif como Sherry Rehman, la que fuera portavoz del ahora opositor Partido Popular, asegura en su Twitter que “al menos 25 testigos han declarado contra Musharraf en la investigación” por traición.

No obstante, un vistazo al pasado inmediato de los principales actores también da motivos para el recelo. El golpe de Estado de Musharraf en 1999 desalojó del poder a Sharif y le envió al exilio durante diez años, un detalle que ha hecho al primer ministro especialmente receloso de los militares, que en otros tiempos fueron aliados de su partido. Además, el jefe del Tribunal Supremo Iftikhar Muhammad Chaudhry, que en su día condonó el golpe, fue luego uno de los jueces destituidos durante el estado de emergencia. A raíz de aquello, Chaudhry encabezó un movimiento popular contra el general.

Sharif que llegó al Gobierno en las elecciones legislativas del pasado mayo, afronta una oleada de críticas tanto por su gestión económica como de seguridad. Al terrorismo talibán, se ha sumado en las últimas semanas un nuevo estallido de violencia contra los chiíes, que el pasado fin de semana tuvo bajo el toque de queda a Rawalpindi, la ciudad sede del Estado Mayor del Ejército a apenas 20 kilómetros de Islamabad. Además, en la provincia de Khyber-Pakhtunkhwa afronta renovadas protestas por los ataques de drones estadounidenses.

En una declaración remitida por email, la oficina del general asegura que se trata de un “intento brutal de minar al Ejército de Pakistán”, con el objetivo de distraer la atención del resto de los problemas del país.

A primera vista puede parecer que Sharif trata de meter en vereda a los militares, que han gobernado Pakistán durante buena parte de sus 66 años de independencia y supervisado sus gobiernos civiles. Sin embargo, también existe la impresión de que los uniformados hace ya tiempo que se han desentendido de su antiguo jefe.

Musharraf, que gobernó de 1999 a 2008, se autoexilio al año siguiente ante las acusaciones presentadas contra él por no haber facilitado la suficiente protección a la ex primera ministra Benazir Bhutto antes de su asesinato en 2007 y por la muerte de un líder separatista de Baluchistán. Sin embargo, a pesar de los casos judiciales pendientes y de las amenazas de los talibanes, el militar decidió regresar a finales del pasado marzo con el objetivo de concurrir a las elecciones. No tuvo opción. Dos días después fue detenido y luego descalificado como candidato. Desde entonces libra una compleja batalla judicial en varios frentes. Justo hoy sus abogados esperaban que se le autorizara a viajar a Dubái para visitar a su madre enferma.

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