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Tema: Los planes estratégicos y la “seguritización militarizante”.

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    Predeterminado Los planes estratégicos y la “seguritización militarizante”.

    Realidad y ficción sobre la institucionalización de las Fuerzas Armadas Argentinas
    en la vida democrática.

    Grl Div Evergisto de Vergara, MSi

    Ficción: creación de la imaginación
    Diccionario de la Lengua Española

    Abstract.

    Este ensayo discute el significado asignado en algunos círculos especializados argentinos a dos conceptos: seguridad y defensa. Según el autor, la división tajante entre los términos seguridad interna y defensa externa es un espejismo de los intelectuales de izquierda argentinos. El autor arguye que los significados otorgados son tan particulares, que equivalen a encerrarse en un mundo aislado de la realidad, ensimismándose en una ficción que impide cualquier progreso en materia de la Seguridad del Estado y en cualquier integración regional necesaria, en la presente globalización, pese a que sus sostenedores dicen ser fervientes partidarios de la seguridad cooperativa en el MERCOSUR..

    Objeta el autor lo que describe como frases hechas, la militarización para referirse a los decretos de los gobiernos del Dr. Alfonsín y del Dr. Menem, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, y los referidos con el neologismo seguritización militarizante (sic) ii, indicando por tal frase una supuesta tendencia a imponer que las fuerzas armadas participen contra las amenazas no tradicionales, tales como terrorismo y narcotráfico Afirma el autor que la realidad es la que demuestra que el cuerpo legal de defensa es obsoleto, porque se legisló con la ideología y para la década del 70 y propone las bases sobre las que debe descansar una conducción civil de la defensa idónea y eficaz.

    La seguridad nacional y la seguridad a secas.

    Hay tantos conceptos diferentes sobre los términos seguridad y defensa, que no encuentro mejor manera de comenzar a referirme a ellos que consultando el Diccionario de la Lengua Española:
    Seguridad: f (lat. securitis) Confianza, tranquilidad de una persona procedente con la idea de que no hay ningún peligro que temer.
    Defensa: f acción de defenderse; amparo, protección; Defender: v.t. (lat.defendere) sostener a uno contra un ataque; proteger.iii (De donde en buen castizo, si usted esta bien defendido y/o protegido, se siente seguro).

    Ahora vamos a recorrer el camino para encontrar cómo de estos significados meridianos en la lengua española, se llegó en la Argentina y se propagó a algunos lugares de Ibero América el concepto por el cual se asimiló seguridad, a seguridad interior de un Estado y defensa, a agresión externa a un Estado.

    Todo comienza con un significado sumamente urticante que se le da a la frase seguridad nacional. Para entender el significado que se da a la frase seguridad nacional, deberemos rastrear en su origen. Aunque esta frase no fue ampliamente usada hasta después de la II GM, los graduados de Yale debatieron el asunto “¿Depende la seguridad nacional de mejorar la economía?” aproximadamente en 1790. Las discusiones sobre las prioridades del interés nacional y la política exterior de América [N del R: EE.UU.] tenían un componente económico en los 1930s y uno de los argumentos consensuados antes de 1941 para ir a la guerra con Alemania y Japón fue que, haciendo eso “permitiría a EE.UU. mantener su acceso a los mercados externos y evitar que la industria se estrangulase”. iv

    Alguien podría rastrear la etimología moderna de la frase hasta Agosto de 1945, durante una audiencia el Senado de EEUU. El Secretario de la Marina James Forestal dijo: “La seguridad de nuestra nación puede solamente ser asegurada en un frente amplio y abarcador”, y agregó “Estoy usando aquí la palabra seguridad consistente y continuamente en lugar de defensa”, a lo que el Senador Edwin Johnson replicó: “Me gusta sus palabras “seguridad nacional”. Aparentemente Forestal tenía en mente una construcción más amplia de la frase que la que sugirió su comentario, porque en la misma audiencia dijo: “El asunto de la seguridad nacional no es meramente un asunto del Ejército y la Marina. Tenemos que tener en cuenta nuestro potencial entero para la guerra, nuestras minas, industria, recursos humanos, investigación y todas las actividades que son propias de una vida civil normal...” v

    De cualquier manera, la existencia de una seguridad nacional quedaba implícita, desde que en la carta de la ONU se hacía mención a “la paz y seguridad internacionales”vi, ya que el aceptar que existe una “seguridad internacional”, implica de suyo que también existiría una “seguridad naciona”l.

    En la década del 70, en Ibero América se desarrolló la Guerra Revolucionaria marxista, definida como tal por Mao Tse Tung y apoyada por Cuba. Decía Fidel Castro en su discurso pronunciado en su carácter de Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en el acto de clausura de la Primera Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia, África y América latina (Tricontinental) en el Teatro Chaplin, La Habana, el 15 de Enero de 1966:
    “si la lucha se libra en amplia escala, si cada uno de estos, de los revolucionarios de este continente, cumple con su deber y el deber de todo revolucionario, como dice la Declaración de La Habana, es hacer la revolución (APLAUSOS PROLONGADOS y EXCLAMACIONES), hacer la revolución de hecho y no de palabra (APLAUSOS). No ser revolucionario solamente en teoría, sino revolucionario en la práctica (APLAUSOS PROLONGADOS y EXCLAMACIONES); si los revolucionarios invierten menos energía y menos tiempo en teorizaciones y dedican más energía y más tiempo al trabajo práctico, y si no se toman tantos acuerdos y tantas alternativas y tantas disyuntivas y se acaba de comprender que más tarde o más temprano los pueblos todos, o casi todos, tendrán que tomar las armas para liberarse (APLAUSOS PROLONGADOS Y EXCLAMACIONES), entonces avanzará la hora de la liberación de este continente. Y entre los que teorizan y los que critican a los que teorizan y a la vez se ponen a teorizar (RISAS), desgraciadamente se pierden muchas energías y mucho tiempo. Nosotros creemos que en este continente, en todos o en casi todos los pueblos, la lucha asumirá las formas más violentas. Y cuando se sabe eso, lo único correcto es prepararse para cuando esa lucha llegue, ¡prepararse! (APLAUSOS PROLONGADOS.) vii

    La reacción inmediata de los EE.UU. como estrategia contrarrevolucionaria, fue dejar la defensa de los países agredidos en manos de los ejércitos nacionales, para contrarrestar los efectos de los conflictos revolucionarios armados internos, ayudándolos en forma abierta o solapada. Esto se hizo en función de la “seguridad nacional” de los EE.UU. y de la “seguridad nacional” de cada uno de los países afectados. Cada país en Latinoamérica vivió en esa década un estado de guerra interna. Los resultados fueron diversos, en algunos países la guerrilla fue derrotada y triunfó en otros.

    Los partidarios ideológicos del proceso de guerra revolucionaria culparon a lo que denominaron “doctrina de seguridad nacional” del fracaso de los movimientos de guerrilla y al denominado “terrorismo de Estado” para combatir a la guerrilla. Entonces, la frase “seguridad nacional” pasó a tener una connotación ideológica, por la cual la responsabilidad de la guerra civil se achacaba a la participación de los Ejércitos Nacionales en el ámbito interno, para evitar que las guerrillas marxistas tomasen el poder.

    No deja de ser curiosa esta interpretación, cuando la realidad era que uno de los blancos preferidos de los movimientos guerrilleros eran justamente los Ejércitos nacionales, a los que se veía como “sostenes del poder burgués y capitalista”, así que en definitiva, lo único que los Ejércitos Nacionales hicieron fue defenderse, a un precio discutible, si se quiere, pero defenderse al fin.

    Por extensión, de la denominada “nefasta doctrina de la seguridad nacional” se dedujo que la tragedia había ocurrido por haber participado las fuerzas armadas internamente. Esto también es un gran dislate, porque la mayoría de los conflictos en Ibero América han sido guerras civiles, desde la época de la independencia hasta hoy.

    También se asoció la participación interna de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla aplicando supuestamente “la nefasta doctrina de seguridad nacional”, al hecho que en la mayoría de los países existían gobiernos militares, por lo que se indujo falsamente que de haber habido gobiernos democráticos tal participación no hubiese tenido lugar. Esto es una falacia porque al menos en la Argentina, durante el lapso de gobierno democrático 1973-1976, de los 21.642 hechos terroristas que computa para toda la década, 6762 sucedieron entre 1974 y 1975. Ellos incluían atentados explosivos, atentados incendiarios, secuestros, asesinatos, copamientos de unidades militares y policiales, actos intimidatorios y otros actos terroristas. viii

    Que fue necesario “militarizar” la seguridad interior en el año 1975, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y ocasional presidencia provisoria del Dr. Italo Lúder (de profesión abogado, es decir experto en derecho), creo que es obvio. Basta leer la sentencia de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, denominada Causa 13/84. ix Como surge de la Causa 13/84, durante los gobiernos constitucionales 1973-1976, se cometieron 62 delitos contra civiles y 6762 hechos terroristas.x Estos incluían 895 desapariciones.xi Así, la presidente María Estela Martínez de Perón emitió el decreto 261/1975 xii que dispuso la actuación de las Fuerzas Armadas para la represión por “neutralización y/o aniquilamiento” de la guerrilla en Tucumán, y el Presidente Provisional Italo Luder los decretos 2270/1975, 2271/75 y 2272/1975 xiii, que dispusieron el “empleo de las Fuerzas Armadas en todo el territorio del país y la centralización en la conducción de la lucha”. Al parecer, ya nada podía resolverse por la vía judicial, porque la mayoría de los miembros del gabinete que refrendaron estos decretos eran abogados. Antes de promulgarse el decreto 261/1975, ya había sido intentada la represión policial de la guerrilla en Tucumán, sin resultado.

    Estos decretos no surgieron de forma espontánea. Ya habían quedado en el olvido los Decretos 1454/73 del 23 de Septiembre de ese año, durante la presidencia del Sr. Lastiri declarando ilegal a la organización terrorista Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), como* el Decreto 2452/75 del 06 de Septiembre de ese año, declarando ilegal a la organización terrorista Montoneros.

    Tampoco había dado resultado la Ley 20.840 “Delitos contra el Orden Constitucional y la Paz Social” sancionada por el Congreso Nacional el 28 de septiembre de 1974, la que penalizaba, al margen de la legislación vigente, a aquellos que preconizaban alterar o suprimir el orden constitucional y la paz social de la Nación por vías no establecidas en la Constitución Nacional con una pena de tres a ocho años. Creaba , además, otras figuras punibles que afectaban la publicidad y propaganda de las organizaciones terroristas subversivas con penas de dos a seis años y también a otras acciones que beneficiaban el accionar de éstas mediante acciones económicas fraudulentas y otras con penas de dos a seis años y multa . Las penas se elevaban si era funcionario público o si siendo síndicos, directores, administradores o gerentes no denunciaban la comisión de los delitos enumerados en la ley.

    Pero después del asesinato del Juez de la Cámara Federal en lo Penal Jorge Vicente Quiroga, ocurrido el 28 de Abril de 1974 y de dos atentados fracasados contra otros dos miembros del tribunal, la justicia federal no condenó a nadie por actos terroristas a partir de 1973. Quizás no fue jurídicamente correcto, pero era muy humano: los jueces estaban dominados por el terror.

    Queda así demostrado que la situación era de tal gravedad, que fue ineludible militarizar la seguridad interior. Las Fuerzas Policiales y de Seguridad estaban por mucho sobrepasadas, y la guerrilla infiltrada en todo el aparato estatal.

    Es otra difundida falacia decir que España e Italia combatieron la guerrilla con la policía y desde la legalidad. La ETA nunca estuvo en el Palacio de la Zarzuela y las Brigadas Rosas jamás pisaron el Palacio del Quirinal.

    En la Argentina, luego del ataque al cuartel militar de Azul, el 19 de Enero de 1974, durante el gobierno constitucional del General Juan D. Perón, en el discurso que éste pronunció por televisión, dejó sentado claramente que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Oscar Bidegain había encubierto el ataque, lo que motivó la renuncia de éste tres días después. En el mes de marzo, renunciaron el gobernador y el vicegobernador de la Provincia de Córdoba, Obregón Cano y Atilio López, por pertenecer a la llamada Tendencia Revolucionaria Peronista, partidaria de la guerrilla terrorista. Bidegain y Obregón Cano pertenecían a la rama política del movimiento terrorista montoneros. Eran también montoneros los gobernadores de Mendoza, Martínez Baca y de Santa Cruz, Cepernic.

    El asunto fue que después del advenimiento de la democracia, en 1983, los círculos intelectuales izquierdistas denostaron los términos de uso universal seguridad nacional y pasaron a referirse a la seguridad exclusivamente como seguridad interior.

    Pero mientras esta idea decantaba y se propagaba en los círculos académicos, la maniobra se acompañaba con una corriente de pacifismo fomentada por estos mismos intelectuales, a los que se habían agregado ex oficiales de las Fuerzas Armadas que habían sido expulsados de las filas –quizás algunos injustamente- por supuestas simpatías con los grupos terroristas de la década del 70. La corriente de pensamiento dominante en este grupo, expresaba que “en una democracia no había que planear el empleo de las Fuerzas Armadas con hipótesis de conflicto, ya que no había ninguna posibilidad que ello ocurriese con los países vecinos” y sostenían la difundida falacia: “las democracias no pelean entre ellas”. Antes bien, decían, debía pensarse en “hipótesis de confluencia”.

    La idea era simpática, pero con poco sustento para un planeamiento estratégico. Hipótesis de conflicto significa supuestos de problemas. Suponer problemas para enfrentarlos o evitarlos, es la característica principal de un planeamiento estratégico, porque “en una situación táctica, al menos la mitad del problema se percibe a simple vista, mientras que en la estrategia todo debe adivinarse y suponerse”.xiv Cuando hacemos estrategia, ignoramos todo. De tal manera, que estos pensadores pacifistas se regodeaban en la táctica, en los hechos cotidianos sin ir mucho más lejos del mañana en sus ideas. Además, el pensar en hipótesis de conflicto no impide pensar simultáneamente en hipótesis de confluencia.

    Ocurría que estos noveles planificadores tácticos, por inexperiencia o a propósito, para debilitar a la que denominaban “corporación militar”, hacían ambas posibilidades mutuamente excluyentes.

    1.1 Los supuestos intentos de militarización de la seguridad interior. El Gobierno del Dr. Alfonsín y la Ley 23554 de Defensa Nacional

    El Dr. Alfonsín asumió el gobierno el 10 de Diciembre de 1983, en medio de un marcado ambiente antimilitarista, producido principalmente por la derrota en la Guerra del Atlántico Sur. El Dr. Alfonsín era un viejo conocido de los militares, puesto que había sido el abogado patrocinante del jefe del Ejercito Revolucionario del Pueblo, el empresario Mario Roberto Santucho.

    El mundo vivía plenamente la Guerra Fría y los conflictos marginales en Ibero América, instrumentados por el choque Este-Oeste, estaban casi finalizando. Durante su gobierno, el Dr. Alfonsín puso su esfuerzo en juzgar a los comandantes militares y restar protagonismo a las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. Entre otras medidas, creyendo que Fabricaciones Militares y Astilleros Río Santiago eran fuente de ingreso para las Fuerzas Armadas –lo que no era la realidad- las sacó de la órbita del Ministerio de Defensa y las pasó a la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de directorios integrados por políticos y puso especial atención en desmilitarizar los organismos de seguridad e inteligencia del Estado, en torno de los cuales se había llevado a cabo gran parte de la política de represión al terrorismo, desatada antes y durante el Proceso de Reorganización Nacional. xv

    En cuanto a los instrumentos legales para la defensa nacional, la Ley de Defensa Nacional 23554 es de fecha 13 de Abril de 1988, es decir 4 años y 4 meses después de la iniciación de su gobierno. Los Ministros de Defensa nombrados desconocían absolutamente cualquier pensamiento estratégico. El lapso transcurrido revela que el gobierno del Dr. Alfonsín no tenía mayor urgencia en redefinir el rol de las Fuerzas Armadas. De una comparación ligera, surge que la Ley de Defensa Nacional Argentina reconoce algunos antecedentes en la Ley de Defensa Española 6/1980, del 1 de Julio, de 40 artículos.

    La ley 23554 de Defensa Nacional en su Art. 2 definía la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. La Ley de Defensa Española 6/1980 no hacía tal distinción entre agresión externa o interna, sino que especificaba en el mismo Art. 2 “cualquier forma de agresión”.

    Según explican algunos, en la Ley de Defensa Argentina el carácter de “externas” no estaba dado por el lugar de origen de las agresiones, sino por ser “aquellas perpetradas por las Fuerzas Armadas regulares de un Estado contra el territorio de otro Estado”. Agregan que según lo expresado por los legisladores, esta conceptualización reflejaba lo expresado en la Resolución 3314, sancionada en 1974 por la ONU. xvi Aunque se la quiera revestir de racionalidad, esta interpretación es totalmente capciosa, puesto que en la década del 70 quizás este concepto de agresión podría haber sido aplicada al conflicto NATO – Pacto de Varsovia, pero no a los países iberoamericanos, que estaban involucrados en plenas guerras civiles, como campos marginales de la Guerra Fría.

    De manera explícita, la Ley de Defensa 23554 especificó que era necesario diferenciar a la defensa nacional de la seguridad interior, agregando que esta última debía ser regida por una “ley especial”. Esta distinción también aparecía en otros tramos de la ley al establecer que “las cuestiones relativas a la política interna del país” no podían constituir “hipótesis de trabajo de los organismos de inteligencia militar”, quedando prohibido que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas recolecten información y produzcan inteligencia atinente a la seguridad interior. Porque la idea clave subyacente en la clase política se leía en el Art. 4 de la Ley 23554: “Para dilucidar las cuestiones atinentes a la defensa nacional, se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior. La seguridad interior será regida por una ley especial”.

    Cuando se promulgó la Ley de Defensa Nacional 23554, estábamos en el 13 de Abril de 1988. Sin ninguna predicción que lo anticipase, el Muro de Berlín cayó el 9 de Noviembre de 1989. Las denominadas nuevas amenazas no existían. Ese era el ambiente donde nacía la concepción de la resolución 3314/1974 de la ONU, que hablaba del concepto de agresión entre Estados. El muy difundido documento ONU A/40/553 “Conceptos de Seguridad”, aprobado el 19 de Julio de 1985 y publicado en Febrero de 1986, se refiere a la seguridad como un problema entre Estados. En ese entonces, no había ninguna otra inseguridad percibida. xvii El error de los legisladores fue legislar en 1988, hacia el futuro, mirando hacia 1974. El mundo, desde 1988 hacia adelante, no sería el mundo de 1974. La Argentina de 1988, tampoco sería el mundo de 1988.

    Los hechos demostraron que esta Ley de Defensa no se basaba en ningún plan estratégico y ello ocurría por impericia o para colocar a las Fuerzas Armadas en situación de indefensión para lo que vendría.

    Con las únicas restricciones establecidas en la Ley 23554 de Defensa Nacional, en el sentido de que “las cuestiones relativas a la política interna del país no podían constituir hipótesis de trabajo de los organismos de inteligencia militar, quedando prohibido que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas recolecten información y produzcan inteligencia atinente a la seguridad interior”, se produjo el ataque terrorista a los cuarteles de La Tablada el 23 de Enero de 1989, que ocasionaron 11 muertos y 37 heridos a las fuerzas legales y 28 guerrilleros muertos. El propósito de este ataque terrorista era atribuirlo a un grupo disidente del Ejército y convocar a una marcha de apoyo al gobierno de Alfonsín, reclamando la disolución del Ejército. El ataque estuvo amparado políticamente por un denominado Movimiento Todos por la Patria, dirigido por el miembro del ERP Gorriarán Melo; uno de los integrantes que cayó en el enfrentamiento dentro del cuartel fue Jorge Baños, que había pertenecido al CELS hasta 1987. Otro, un hermano de un guerrillero de montoneros de apellido Provenzano, perteneciente al partido gobernante (radical), tenía una credencial para entrar a la Casa de Gobierno.

    Cuando se produce el ataque al cuartel de La Tablada, no estaba claro si las Fuerzas Armadas estaban legalmente autorizadas a retomar un cuartel ocupado por guerrillas. Pero la reacción fue inmediata, la guerrilla no pudo escapar del cuartel, como era lo planeado y el Regimiento 3 de Infantería fue retomado a sangre y fuego. Lejos de ser una minúscula agrupaciónxviii, los medios de prensa de la época estimaban 40 guerrilleros en el escalón de combate dentro del cuartel, que no pudieron escapar y más de 200 de apoyo externo, que si lo hicieron.

    Si el ataque había sido parte de un plan estratégico, la Ley de Defensa 23554 había demostrado su fracaso, porque no servía para los hechos que se produjeron y que el Estado no podía ignorar, más aun cuando se le había quitado concretamente la responsabilidad de hipótesis de trabajo interna a las Fuerzas Armadas.

    Fue en ese contexto y no en otro, que el Dr. Alfonsín se vio obligado a promulgar el Decreto 83/89, publicado en Boletín Oficial el 31 de Enero de 1989 por el cual creó, en el ámbito de la Presidencia de la Nación, el Consejo de Seguridad, integrado por “los Ministros del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto, el Secretario de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación, los Jefes de Estado Mayor Conjunto y de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas” (Art.1ro). Dicho consejo tenía como misión “asesorar al presidente de la Nación [...] en relación a medidas a adoptar para conjurar todo hecho de violencia organizada que atente contra la seguridad, la vida, la propiedad o la libertad de los habitantes de la Nación o ponga en riesgo a alguna de sus instituciones o su patrimonio, así como suministrar a la Justicia Federal toda la información que pueda ser útil para la investigación y juzgamiento de los hechos”, y, en particular, asesorarlo acerca de “la estrategia para la acción antisubversiva; la articulación de los mecanismos de seguridad para lograr la mayor eficacia en su accionar; la articulación de las tareas de inteligencia operativa; la coordinación de las acciones con los diversos gobiernos provinciales”(Art.3ro).

    Según algunos intelectuales amantes de las discusiones bizantinas xix, con la intervención de las jefaturas militares en un consejo de asesoramiento presidencial -del que no formaban parte los jefe de las fuerzas policiales y de seguridad federales- que debía atender y abordar cuestiones claramente circunscriptas en el ámbito de la seguridad interior -y no de la Defensa Nacional en su concepto de agresiones externas-, el gobierno cometió una explícita violación a la ley 23.554, que prohibía la intervención operativa y de inteligencia de las instituciones castrenses en asuntos de seguridad interior. xx La explicación es mucho más racional y sencilla que decir que el Dr. Alfonsín, mediante el Decreto 83/89 quiso remilitarizar la seguridad interior. Con todos los muertos a la vista y el país en conmoción, el titular del Poder Ejecutivo se había dado cuenta que la inteligencia policial no había anticipado nada, que la policía por sí sola jamás hubiese podido enfrentar con éxito a este grupo guerrillero y que la legislación única existente hasta ese momento, no contemplaba el hecho concreto que acababa de ocurrir. Fue una disposición legal post facto, un reconocimiento que el plan estratégico del Estado, no existía, por ignorancia o por omisión.

    En la conmoción causada por este ataque terrorista a los cuarteles de La Tablada, le siguió el Decreto 327/89. El 10 de marzo de 1989, el Dr. Alfonsín promulgó el Decreto 327/89 mediante el cual se establecieron “las bases orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de las medidas tendientes a prevenir y conjurar la formación o actividad de grupos armados que tengan aptitud para poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, o atentar contra la vida, la libertad, la propiedad o la seguridad de los habitantes de la Nación” (Art.1ro).

    Para la formulación de tales medidas, dicha norma fijaba que el Presidente de la Nación debía recibir el asesoramiento del Consejo de Seguridad, creado por medio del Dto.83/89 (Art.2do) y debía ser asistido por el Comité de Seguridad Interior, integrado por los miembros del Consejo de Seguridad, aunque inicialmente dicha integración se limitaba a los ministros de Defensa y del Interior, el Procurador General de la Nación, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Secretario de Inteligencia de Estado y el Secretario del Consejo de Seguridad (Art.4to).

    El “cuadro de situación” de la problemática a prevenir y conjurar -esto es, “la formación o actividad de grupos armados que tengan aptitud para poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, o atentar contra la vida, la libertad, la propiedad o la seguridad de los habitantes de la Nación”- sería llevado por el ministerio de Defensa (Art.5to) y el ejercicio de la acciones debía observar los siguientes criterios básicos:
    la defensa ante los mencionados hechos sería “responsabilidad inicial de las Fuerzas Policiales y de la Fuerza de Seguridad que puedan acudir con mayor presteza y alistamiento a enfrentar la agresión y controlar la situación”;
    el Presidente de la Nación debía emitir las “instrucciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en los casos en que la magnitud o características de los hechos, o del equipamiento con que cuenten los agresores, lo hicieren necesario”, para lo cual debía “designar el Jefe a cargo de las operaciones”;
    en caso que “los hechos de violencia afectaran unidades o instalaciones de las Fuerzas Armadas bajo su protección directa” dichas fuerzas debían “repeler de inmediato la agresión”, al mismo tiempo que “las Fuerzas Policiales y de Seguridad que resulten necesarias” debían actuar “en apoyo de las Fuerzas Armadas”;
    cuando “las circunstancias lo requieran”, el Poder Ejecutivo podría “designar como Jefe Operativo a un integrante de las Fuerzas Armadas”, bajo cuyas órdenes actuarían “las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales que se le designen”, quien además, “cuando se produjere una situación de combate”, dispondría “de la fuerza pública y de los servicios públicos” y podría decidir “las evacuaciones y otras medidas requeridas por la acción, sin afectar la autoridad provincial en sus respectivas jurisdicciones”.

    Fue el segundo instrumento legal post facto.

    No deja de ser llamativa la opinión de ciertos círculos que sostienen que el Dr. Alfonsín quiso remilitarizar la seguridad interior. Era la realidad y no la seguridad interior la que tenía un impulso remilitarizante. La Ley de Defensa Nacional 23554 limitaba el empleo de las Fuerzas Armadas para las agresiones externas, pero esa no era la situación en que se encontraba la Argentina, cuya dirección del gobierno era responsabilidad del Dr. Alfonsín. Y el jefe del Ejecutivo carecía de los instrumentos legales idóneos para enfrentar sus problemas. Lo que la Constitución Nacional le daba, la Ley de Defensa se lo quitaba.

    El Dr. Alfonsín entregó el gobierno anticipadamente al Dr. Carlos Menem el 8 de Julio de 1989, 4 meses antes de la terminación de su mandato, forzado por una hiperinflación cercana al 5000% anual, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, saqueos a supermercados, una recesión del 6% de PBI y una deuda externa de 63.000 millones de dólares.

    1.2 Los supuestos intentos de militarización de la seguridad interior. El gobierno del Dr. Menem y la Ley 24059 de Seguridad Interior.

    El Dr. Menem asumió el gobierno en una situación de alta conflictividad social. El Decreto 392/90, de fecha 26 de Febrero de ese año, modificó el Decreto 327/89 y amplió el marco de competencia funcional del mismo a la prevención y conjura de “hechos que constituyan un estado de conmoción interna”.

    De este modo, mediante el artículo 1ro. del Decreto 392/90 se establecieron “las bases orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de las medidas tendientes a prevenir y conjurar la formación o actividad de grupos armados que tengan aptitud para poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, o atentar contra la vida, la libertad, la propiedad o la seguridad de los habitantes de la Nación, como asimismo en el supuesto de hechos que constituyan un estado de conmoción interior de gravedad tal que pongan en peligro los bienes mencionados precedentemente”.

    Para ello, dicha norma prescribía que el Presidente de la Nación debía recibir el asesoramiento del Consejo de Defensa Nacional creado por la ley 23.554 (Art.2do) y debía ser asistido por el Comité de Seguridad Interior, integrado por los ministros de Defensa y del Interior, el Jefe del Estado Mayor Conjunto y el Secretario de Inteligencia de Estado (Art.4to). Asimismo, y a los fines de prever la producción de los hechos señalados precedentemente, se fijó que el Comité de Seguridad Interior podría “confeccionar planes que compatibilicen las eventuales acciones conjuntas de las Fuerzas Policiales, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas”, del mismo modo que también podría “requerir la colaboración de los organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia” (Art.4to).

    Este es otro instrumento legal post facto, el tercero desde el advenimiento de la democracia. Por tercera vez se había tropezado con la mima piedra. No había instrumentos legales para enfrentar la realidad, porque se había legislado mirando hacia el pasado y no hacia el futuro previsible y anticipable. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver.

    En síntesis, los Decretos del Dr. Alfonsín 83/89 y 327/89 que habilitaron la intervención castrense para hacer frente a la lucha contra grupos terroristas y el decreto 392/90 de Carlos Menem, que amplió aquella intervención para conjurar situaciones de conmoción interna, no intentaron remilitarizar la seguridad interior. Solo fueron instrumentos que en su oportunidad, cada titular del Ejecutivo debió apelar para hacer frente a la realidad, dado que la legislación era sumamente imprudente, porque no anticipaba nada y la conducción estratégica no tenía otra opción que recurrir a la táctica inferior, es decir resolviendo los hechos a medida que se iban presentando. Que fue necesario militarizar la seguridad (en las palabras de sus detractores) al finalizar el gobierno del Dr. Alfonsín en 1989 y al inicio del gobierno del Dr. Menem en 1990, fue inevitable.

    La Ley de Seguridad Interior seguía sin aparecer. Iba a hacerlo el 06 de Enero de 1992. Ya llevábamos casi 10 años de gobierno democrático y 3 años y 9 meses desde que había sido redactado el Art. 4 de la Ley 23554 de Defensa Nacional, que decía: “La seguridad interior será regida por una ley especial”. Esta Ley especial fue la Ley de Seguridad Interior 24059, de fecha 06 de Enero de 1992.

    Esta ley apuntaló la distinción legal entre la defensa nacional y la seguridad interior. Estableció los parámetros legales centrales del “sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior”, entendiendo a ésta como “la situación de hecho basada en el derecho, en la que se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional” y que implica “el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación”, esto es, la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y las policías provinciales. Sin embargo, es importante destacar que esta ley estipuló tres situaciones excepcionales, en las que las Fuerzas Armadas podían actuar en materia de seguridad interior.
    En primer lugar, se fijó como “una obligación primaria de la autoridad militar, la preservación de la fuerza armada y el restablecimiento del orden” dentro de la “jurisdicción militar”, cuando ésta fuese objeto de una agresión armada, cualquiera sea el origen de la misma.
    En segundo término, se autorizó la prestación de apoyo logístico de parte de las Fuerzas Armadas a las operaciones de seguridad interior, en caso de solicitud del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa.
    Y, en tercer lugar, se autorizó la intervención de unidades de combate de las Fuerzas Armadas en acciones de carácter policial cuando, a consideración del Presidente de la Nación y previa declaración del estado de sitio, se produce algún hecho que supone excepcionalmente el rebasamiento del sistema de seguridad interior policial.

    No obstante, el empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas en tales situaciones excepcionales debería ajustarse a que:
    la conducción de las fuerzas intervinientes quede a cargo del Presidente de la Nación; a la designación de un comandante operacional de las Fuerzas Armadas, al que deberían subordinarse todas las demás fuerzas de seguridad y policiales;
    a que se limite “exclusivamente en el ámbito territorial definido para dicho comando”; y
    a que tratándose de “una forma excepcional de empleo”, sea desarrollada “únicamente en situaciones de extrema gravedad”, sin que ello incida en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas, las que mantendrán las características derivadas de la aplicación de la ley 23.554”.
    Este último punto resultó fundamental, pues estableció que esta forma excepcional de intervención no implicaba la preparación operacional de las Fuerzas Armadas como cuerpos policiales, ni supondría la fijación de nuevas tareas o funciones que exigieran algún tipo de adecuación de la estructura orgánico-funcional y doctrinal de las instituciones castrenses. (Lo resaltado es nuestro). xxi

    Este texto resaltado fue y es muy aplaudido por ciertos sectores político – ideológicos. Aquí es casi ineludible citarlo a Clausewitz, cuando dice:
    “En resumen: vemos con claridad que las actividades características de la guerra pueden dividirse en dos categorías principales:
    las que constituyen meros preparativos para la guerra, y
    la guerra propiamente dicha.
    La misma diferenciación debe hacerse también en la teoría”. xxii

    Es decir que las actividades características de los conflictos pueden dividirse en dos categorías principales: las que constituyen meros preparativos para el conflicto, y la conducción del conflicto propiamente dicho. Son dos monedas de una misma cara, que necesariamente deben guardar coherencia.
    La Ley de Seguridad Interior 24059 dice como se conduce el conflicto – el Presidente a cargo, un comandante operacional que le depende, subordinación de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en la zona.
    Pero de la otra cara de la moneda, dice que las Fuerzas Armadas no deben estar preparadas para ello. Esto es una flagrante inconsistencia.

    Es difícil de entender cómo algún planificador estratégico profesional puede felicitarse por esta incoherencia, a menos que su propósito sea que las Fuerzas Armadas, si son empleadas de este modo, fracasen. Porque el día que deban hacerlo, con este marco legal fracasarán y si la necesidad y la realidad imponen algún cambio de militarización (sic), esta tendrá que ser hecha “entre gallos y medianoches”, lo que solo va a empeorar las cosas.

    Lo que ocurre es que muchos piensan – inclusive algunos militares – que si las Fuerzas Armadas participan conforme a la ley en actividades de seguridad interior, deberán hacerlo a la usanza de las fuerzas de seguridad, con bastones, proyectiles de goma y escudos, es un error.

    Si la situación se ha tornado tan grave que justifica la intervención de las fuerzas militares en seguridad interior, es porque los gases lacrimógenos, los escudos y los bastones no sirvieron, así que para qué se va a insistir en su uso.

    Las fuerzas armadas tienen armas con poder letal, no usan balas de goma y el poder político, si se resuelve a emplearlas para seguridad interior, debe regular el uso de tal poder de las armas mediante leyes, conocidas en el mundo como “Reglas de Enfrentamiento”.

    Las Reglas de Enfrentamiento regulan el uso de la violencia y es responsabilidad de los políticos y no de los militares el de impartirlas claramente.

    La Ley de Seguridad Interior 20054 fue promulgada como dijimos el 06 de Enero de 1992. La Embajada de Israel en la Argentina fue volada el 17 de Marzo de 1992. La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue volada el 18 de Julio de 1994, con un lastimoso saldo de muertos y heridos. La Inteligencia Policial no anticipó nada y la Inteligencia Militar tenía prohibido por ley inmiscuirse. Peor aún, los equipos de rescate entrenados, capacitados y equipados para actuar en el rescate de víctimas de la AMIA no fueron autorizados a efectuar su tarea, porque se argumentó que la Ley 24059 de Seguridad Interior impedía que actuasen en el marco interno. Se prefirió, en cambio, llamar a las Fuerzas de Defensa de Israel, para que actuasen dentro de territorio argentino.

    Pero lejos de que esta circunstancia vergonzosa para el orgullo nacional hiciera reflexionar a la izquierda vernácula, supuestamente nacionalista, solo motivó su regodeo ideológico e ineficaz:
    “En nuestro país, desde la perpetración de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y contra el edificio de la AMIA, se creó en jurisdicción de la Policía Federal una unidad antiterrorista que, como tal, se dedicó exclusivamente a las actividades de inteligencia y operativa tendiente a prevenir y conjurar el accionar terrorista en nuestro país. En febrero de este año, dicha unidad fue jerarquizada y convertida en la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delito Complejo, dependiente de la jefatura de dicha fuerza, a la que se fijó la misión de “entender en las investigaciones de hechos criminales que se presupongan cometidos por organizaciones terroristas o por bandas que denoten una estructura de empresa con una planificación compleja”. Asimismo, para esta fuerza de seguridad, tanto los grupos terroristas como las bandas criminales organizadas constituyen, desde el punto de vista orgánico-funcional, verdaderas organizaciones complejas de carácter “empresarial”, cuya investigación, persecución y represión requiere de organismos o dependencias estatales altamente especializadas y dotadas de una alta capacitación y de ciertos recursos específicos y particulares, tal como se expresó apropiadamente en los considerandos de la norma que creó la referida dirección”. xxiii

    Expresiones de deseo aparte, ambos atentados permanecen sin esclarecer hasta el día de hoy, Abril de 2006.

    1.3 Los supuestos intentos de militarización de la seguridad interior. Los gobiernos del Dr. De la Rua (10 Dic 1999 – 21 Dic 2001), Ramón Puerta (21 Dic 2001 – 23 Dic 2001), Adolfo Rodríguez Saa (23 Dic 2001 – 01Ene 2002) , Eduardo Camaño (01 Ene 2002 – 02 Ene 2002) y Eduardo Duhalde (02 Enero 2002 – 25 may 2003) y la Ley de Inteligencia 25.520, sancionada el 27 de Noviembre de 2001 y reglamentada el 5 de Junio de 2002.

    En este período tan doloroso para la historia argentina, -que creíamos superado en 1820, cuando al estudiar Historia Argentina hablábamos en los colegios secundarios de “la anarquía, el día de los tres gobernadores”, hecho que sucedió el 20 de Junio de ese año cuando falleció el Grl Manuel Belgrano-, aparece la Ley de Inteligencia 25.520, que fue preparada por los legisladores a raíz del debate acerca de la participación de las Fuerzas Armadas ante las nuevas amenazas. Esta ley fue sancionada el 27 de Noviembre de 2001 (postrimerías del gobierno de Fernando de la Rua) y reglamentada el 5 de Junio de 2002 (gobierno de Eduardo Duhalde).

    Al asumir el Dr. Adolfo Rodríguez Saa, anunció en el Congreso Nacional que la Argentina no pagaría su deuda con el FMI y fue aplaudido de pie. En Febrero del 2002, el Dr. Duhalde salió de la Ley de Convertibilidad. El 15 de Diciembre de 2005, el mismo Congreso que había aplaudido que no se pagaría la deuda con el FMI, aplaudía el anuncio del Presidente Dr. Kirchner que se cancelaría la deuda con el FMI, por anticipado.

    Pero el Congreso estaba ocupado en algo más acuciante según su criterio: habían aparecido las nuevas amenazas y debía vedarse a las Fuerzas Armadas cualquier tipo de participación interna, para sostener “las convicciones políticas”. Ya habían aparecido muchas dudas respecto a como enfrentar estas nuevas amenazas en los gobiernos del Dr. Alfonsín, del Dr. Menem y del Dr. De la Rua.

    1.3.1 La aparición de “las nuevas amenazas”.

    A partir de 1994 que aparecieron en el mundo las denominadas nuevas amenazas. Fue en la época que los Estados Unidos delinearon su nueva Estrategia de Seguridad y pasaron de la Estrategia de Contención a la Estrategia de Empeñamiento y Expansión.

    La ya muy conocida frase nuevas amenazas apareció por primera vez en un documento oficial de Estado Unidos, el Informe sobre la Estrategia Nacional de Seguridad (NSSR) del año 1994, - el mismo año del atentado a la AMIA - bajo la presidencia de Bill Clinton. En la Introducción este documento dice que “no todas las amenazas a la seguridad son de origen militar” y aquí se esbozan lo que luego serían “nuevas amenazas”.
    Es en este documento donde los Estados Unidos cambian su estrategia mundial.

    Las nuevas amenazas era un concepto que sostenía que, además de los conflictos entre Estados, a los que denominaba amenazas tradicionales, en el mundo globalizado de la Pos guerra Fría existían otras denominadas no tradicionales, que incluían las amenazas transnacionales – que atravesaban las fronteras aunque fuesen originadas en actores no estatales, con o sin apoyo de otros Estados y las amenazas intraestatales, que tenían lugar dentro de un mismo Estado.

    Estas nuevas amenazas eran no tradicionales y, en algunas de ellas, se hacía uso de la violencia interna en las sociedades de los Estados. Cuando tal violencia era originada por incapacidad del estado para resolver las necesidades básicas de su población, por lo que se denominaban “estados fracasados”. Esta frase “estados fracasados” también era nueva.

    Inicialmente no hubo definiciones precisas acerca de estas amenazas no tradicionales. Fragmentariamente y a partir de 1994, los sucesivos NSSR las fueron mencionando de a poco. Así, se llegó a una enumeración: eran amenazas transnacionales:
    lavado de dinero, inmigración ilegal, terrorismo, crimen internacional, tráfico de drogas, narcoterrorismo, tráfico ilícito de armas, migraciones incontroladas de refugiados y daños ambientales, luego se agregaron otras como:
    terrorismo cibernético, extorsión, corrupción, tráfico de inmigrantes, tráfico de personas, falsificaciones, fraude con tarjetas de crédito y otros fraudes financieros, robo de propiedades intelectuales, y sus asociaciones.

    A esa altura de los acontecimientos, el mundo había cambiado y la naturaleza de los conflictos que vendrían, también había cambiado.

    “El motivo principal se encuentra en la aparición de actores no estatales relevantes desde el punto de vista de la seguridad. Esos nuevos actores se mueven por un cálculo diferente al de “interés nacional”, hacen uso de estrategias asimétricas, amplían el espectro del conflicto a dimensiones que van más allá de la puramente militar y son capaces de generar un elevado nivel de violencia por las facilidades que le ofrece la globalización y por el empleo de tecnologías de doble uso. Una de las consecuencias más graves de esta transformación consiste en el deterioro del concierto internacional que había logrado notables éxitos en la resolución pacífica de los conflictos. El aumento del número de centros de poder de naturaleza diferente y el cambio de reglas que ello conlleva, agrava la anarquía internacional. De ello se deriva una agudización del estado de naturaleza hobbesiano en las relaciones globales y, como resultado, un incremento de la inseguridad y de la violencia, que se hará aún más presente mientras no se articulen nuevos instrumentos que moderen las relaciones conflictivas entre los protagonistas del sistema”. xxiv

    Esto fue fácil de escribir en el 2003. En el lapso 1994-2000, los académicos guardaban en algún cajón algunos divagues de otros pensadores, a los que tenían por menos. Recuerdo haber guardado para posterior lectura uno titulado”El terrorismo catastrófico”, porque se refería al posible uso terrorista de armas nucleares, que se estimaba eran de fácil obtención especialmente en los países que habían pertenecido a la URSS. Como la Argentina no disponía de ellas, lo guardé para una lectura en mejor ocasión. Pero el devenir de los hechos iba a dar un nuevo golpe de timón a la realidad. Lo desempolvé para leerlo el 11 de Septiembre del 2001, al mediodía.

    También pensadores argentinos se dieron cuenta que las cosas habían cambiado. Uno de ellos fue el Dr. Horacio Jaunarena, Subsecretario de Defensa Dic 83/Dic 84, Secretario de Defensa Dic 84/Jun 86, Ministro de Defensa Jun 86/Jul 89 y Ministro de Defensa May 2001/May 2003: “Ha variado la importancia y el peso de los distintos países en el sistema de decisiones, ha variado la naturaleza y la índole de los conflictos, ha variado y se han redimensionado en cuanto a la importancia y efectos las diferentes amenazas, han cobrado peso los actores no estatales que alcanzan una potencialidad de agresión que preocupa a los propios estados y en definitiva, cobra absoluta vigencia aquella reflexión de un pensador americano quien decía “Cuando creíamos tener todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas”. xxv

    Pero la aparición de las nuevas amenazas, en especial el narcotráfico y el terrorismo, solo motivó una cacería de brujas por parte de la izquierda filosófica y los resabios de la guerrilla militarmente derrotada en la década del 70. El punto que debían rebatir era rechazar de plano cualquier tipo de ingerencia, ni siquiera en el área inteligencia, relacionada con nada que ocurriese dentro de las fronteras del país. Como dijera un agudo observador, para algunos políticos “los militares deberían vivir en cuarteles virtuales y las familias y parientes de militares deberían ser solo imágenes holísticas cuyo deber era desvanecerse al primer soplo democrático”.

    Cuando en marzo de 2000 el entonces Ministro de Defensa Dr. Lopez Murphy, en las palabras de iniciación que pronunciara ante el Curso Superior de las Fuerzas Armadas, (CUSUFFAA) dijo que una de las nuevas amenazas era la pobreza extrema, alguien con demasiada suspicacia preguntó agriamente si ello significaba que las Fuerzas Armadas iban a participar en la seguridad interior. Según otros, el titular del Comando Sur de los Estados Unidos, general Charles Wilheim, sugirió que las Fuerzas Armadas Argentinas se preparasen para la lucha contra el narcotráfico, lo que no era cierto. Cuando se hizo el ejercicio conjunto anual de las tres Fuerzas Armadas en el Noreste del país, no faltó el medio de prensa que atribuyera tal ejercicio el propósito de involucrar a las fuerzas en la lucha contra el narcotráfico. También en esa época se estaba pensando en círculos oficiales la necesidad de integrar los sistemas de inteligencia externo e interno para combatir el narcotráfico y el terrorismo, una idea de avanzada puesto que se adelantó casi un año a lo que ocurrió en estados Unidos el 11-S.

    Los partidarios de la separación taxativa entre seguridad interior y defensa veían que la realidad les hacía vacilar sus posturas ideológico-políticas, por lo que sus razones apelaban en última instancia “a la normativa vigente y nuestras propias convicciones políticas”. xxvi

    Estos sectores criticaron agriamente que el Estado Mayor Conjunto diera a conocer aspectos del Plan Colombia y que el Ministro Jaunarena propusiera fusionar la Prefectura Naval con la Armada Argentina por razones de administración racional de los recursos del Estado.

    Pero quedó en evidencia la ausencia de un criterio homogéneo dentro del gobierno sobre el vínculo entre Fuerzas Armadas y seguridad interior y pareció abrir un nuevo debate acerca de las funciones de las instituciones castrenses.

    Curiosamente, más alarma sembró el hecho que ante el inminente golpe de estado civil que se estaba gestando desde círculos políticos adversos al gobierno del Dr. De la Rua, éste iniciase contactos con las Fuerzas Armadas para sostenerse en el poder.

    Los Jefes Militares tuvieron una actitud republicana: solo actuarían en el marco de la ley. Ya habían aprendido la lección, desde el Teniente Coronel Varela e Irigoyen, hasta el decreto 261/75 de Isabel Martínez de Perón.

    El día 19 [de Enero de 2002], De la Rua decretó el estado de sitio en todo el territorio nacional, pero no solicitó la intervención castrense para conjurar los numerosos hechos que signaron la jornada. Al día siguiente se produjeron incontables protestas sociales en todo el país y, en algunos casos, hubo violentos choques entre manifestantes y fuerzas policiales. La treintena de muertos con la que concluyeron las jornadas fue el prólogo a la salida anticipada de Fernando De la Rua del gobierno. xxvii

    Un golpe de Estado a un Presidente electo por el pueblo. Hasta el día de hoy, es difícil entender por qué ciertas agrupaciones políticas y ciertos autores festejaron y festejan aún su caída. Curiosamente son los que con más fiereza condenan los golpes de estado como interruptores de la vida democrática.

    Así, dicen que esta “situación la vivimos en Argentina en diciembre del 2001 cuando algunos trasnochados pensaron que podían usar las FFAA para sostener un gobierno como el del Presidente De la Rúa que ya había perdido toda base de sostén político.
    Por suerte bastó la primera medida en esa dirección (que fue declarar el estado de sitio antes de empeñar las FFAA, tal como exige la legislación sancionada durante la democracia) para que quedase en absoluta evidencia que ese gobierno no podía sostenerse ni siquiera con ese tipo de medidas, ya que la reacción popular fue entre tomarlo en broma y repudiar dicha declaración, redoblando las manifestaciones que suponían prohibidas por tal declaración. También es cierto que hombres de las FFAA señalaron que sólo irían en esa dirección si se establecía cuál sería el régimen legal que los protegería de futuras consecuencias, como las sufridas por los represores de la última dictadura y así permitieron ganar un tiempo como para que los sectores más razonables del gobierno hicieran reflexionar al Presidente sobre la inconveniencia de intentar ese camino, cuando ya había más de una decena de muertos en todo el país por la represión policial. xxviii

    Este párrafo demuestra que ineficaz es la legislación vigente para la actuación eventual de las Fuerzas Armadas en seguridad anterior, demuestra la irresponsabilidad de la clase política que puede pensar que las Fuerzas Armadas pueden estar equipadas con gases lacrimógenos y bastones y demuestra la falta de valor de los representantes del pueblo en impartir ordenes que los puedan comprometer para el uso del poder letal de las armas en estas circunstancias, las denominadas “Reglas de Enfrentamiento”. En lo que el autor citado se equivoca, es que no fueron una decena de muertos, fueron 32 y probadamente fueron causados por el accionar policial únicamente cinco. El resto de las autorías permanecerá como siempre en los vericuetos insondables de las mentiras argentinas. Así que, de acuerdo a este intelectual, los que pretendían que un gobierno elegido por el pueblo permaneciese hasta el fin de su mandato, eran “trasnochados”. Demás esta decir que no se opina lo mismo de los golpes cívico militares, que se condenan permanentemente en toda oportunidad que se les presente.

    Esta situación caótica que se describe, esta contradicción entre la realidad y la legalidad para enfrentarla, esta tensión entre lo necesario y lo disponible, es lo que los partidarios de la división entre seguridad y defensa describen con una frase hecha, así como ya lo hicieron con la palabreja “militarización”. Esta vez le dicen “seguritización militarizante”xxix, un neologismo, galicismo o barbarismo en su primera palabra (por provenir de la palabra inglesa security). Pero no permanecieron ociosos en su ideología y en medio de esta debacle nacional, fue promulgada la Ley de Inteligencia 25.520.

    1.3.2 La “seguritización militarizante” (sic). La Ley de Inteligencia 25.520, sancionada el 27 de Noviembre de 2001 y reglamentada el 5 de Junio de 2002.

    La Ley de Inteligencia 25.520 fue preparada por los legisladores a raíz del debate citado acerca de la participación de las Fuerzas Armadas ante las nuevas amenazas. En tanto se estaba en este debate, el mundo presenció un acto de terrorismo catastrófico: el ataque a las Torres Gemelas perpetrado por terroristas musulmanes en Nueva Cork, el 11 de Septiembre de 2001, denominado comúnmente 11-S. Más de 5000 muertos, a pesar de las expresiones de júbilo de Hebe de Bonafini, amiga del CELS y financieramente ayudada por organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos. Esta ley fue sancionada el 27 de Noviembre de 2001 y reglamentada el 5 de Junio de 2002, durante el período de gravedad institucional nacional ya mencionado.

    Esta ley pretende ser regulatoria del funcionamiento y el control de las actividades de inteligencia del Estado y de la vida institucional de los organismos responsables. En dicha norma se definió a la “inteligencia nacional” como la “actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a las amenazas, riesgos, conflictos y situaciones que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”. En ese marco, se estableció a la “inteligencia criminal” y la “inteligencia estratégica-militar” como las dos dimensiones o aspectos básicos de la inteligencia nacional.
    La primera está referida a las “actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
    La segunda apunta al “conocimiento de las capacidades y vulnerabilidades del potencial militar de países que interesen desde el punto de vista de la defensa nacional, así como el ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas por el planeamiento estratégico militar”.
    De este modo, se consideró que la inteligencia es una sola, pero se estableció una clara diferenciación funcional y orgánica entre inteligencia criminal y la inteligencia militar. Esta diferenciación resultó apenas de la distinción del tipo o naturaleza de los hechos que pueden poner en riesgo o cercenar aquella situación de seguridad, esto es, las actividades de carácter criminal protagonizadas por organizaciones o asociaciones delictivas o terroristas locales, regionales o transnacionales, por un lado, y aquellos riesgos o amenazas que derivan del uso de las fuerzas armadas regulares de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, por el otro.
    Según esta ley, las Fuerzas Armadas no pueden producir inteligencia interna, ni coordinar aspecto internos con la inteligencia criminal. (Lo resaltado es nuestro).

    Esta es una ley contraria a la realidad. Paradójicamente, mientras en Estados Unidos analizaban profusamente las causas y errores que dieron lugar al atentado catastrófico del 11 S y llegaban a la conclusión que existía un problema en el intercambio de la información entre la CIA y el FBI, en la Argentina centraban el problema en si la inteligencia era criminal o no, y prohibían cualquier coordinación. Alguna de las dos posiciones estaba reñida con la modernidad.

    Porque el camino jalonado por las actuales leyes de defensa, seguridad interior e inteligencia son corsé de acero para unas fuerzas armadas que, como cualquiera otras, deben sostener la estructura del estado.

    Lo grave de esto es que los supuestos “criterios político institucionales sobre los que se asentó un sólido consenso básico en materia de defensa y seguridad, esto es, un consenso interpartidario de carácter general y mayoritario resultante de una serie de acuerdos alcanzados y efectivizados entre los sucesivos gobiernos democráticos y las principales fuerzas partidarias de la oposición”, puede llegar a ser una maniobra inteligentemente dirigida por un grupo ideológico minoritario, porque en este supuesto amplio consenso partidario habría un severo desconcepto del control civil sobre lo militar.

    Pero es el mismo sentido común el que indica que la división seguridad interior – defensa es obsoleta, habiéndose expresado autores y foros extranjeros al respecto:
    “Como se ha logrado advertir, las artificiales divisiones entre seguridad externa e interna no se ajustan a la realidad de redes complejas, a la interdependencia y a la transnacionalización del escenario internacional en que hoy vivimos” xxx , en los círculos intelectuales ideologizados argentinos continúan las discusiones bizantinas.

    Así, se leen opiniones que confunden conducción civil de la defensa con separación de seguridad interna y externa: “las peculiares condiciones de la transición a la democracia que favorecieron a la Argentina, con una corporación militar debilitada, permitieron afianzar la conducción civil de la defensa. Eso es lo que expresa con total claridad la ley de Defensa Nacional, instrumento ortodoxo si los hay. Quienes se oponen no tienen a favor ni la mejor biblioteca, ni la experiencia de los países institucionalmente más desarrollados”. xxxi Esto es una falacia. Nadie en la Argentina ha cuestionado la conducción civil de la defensa desde hace 23 años. Lo que se cuestiona es que, habiendo pasado 23 años de democracia, habiéndose llevado a cabo las “Mesas de Defensa en la Agenda Democrática” con amplia participación de funcionarios civiles y de todos los partidos políticos, con infinidad de conclusiones y ríos de tinta, habiendo tenido los políticos argentinos rienda suelta a su creatividad durante 23 años, hoy, en el 2006 el nuevo Secretario de Asuntos Militares diga que “en defensa hay que hacer casi todo de nuevo”.

    Lo que se cuestiona es que se siga sosteniendo que hay una división clara entre seguridad externa e interna, cuando la biblioteca mayor y la experiencia de los países institucionalmente más desarrollados diga lo contrario. Los países que sostienen la división entre seguridad externa e interna son únicamente iberoamericanos, y muy escasos.
    El resto de los países del mundo institucionalmente más desarrollados hablan de la seguridad nacional, como concepto integrador del desarrollo y la defensa nacional.

    Sin embargo, los intelectuales de izquierda argentinos no solo que no ven que van a contrapelo de la realidad mundial, sino que piensan sinceramente que van a la vanguardia de la transformación militar “vis a vis sus vecinos y obviamente, muy por delante del resto de América”. xxxii Esto es de una necedad y una contumacia manifiesta, porque se lo cree con sinceridad.

    Estos autores dicen que “la teoría de la seguridad nacional, [fue] herencia de la Guerra Fría y fundamento de la intervención militar en la vida política por la vía del asalto al poder” xxxiii Es otra falacia. Bien se sabe que los golpes de estado en la Argentina fueron cívico militares y el componente militar muchas veces actuó de válvula de escape de una olla a presión política, ante una situación insostenible.

    Según estos autores, reformar estas leyes implicaría “crear un nuevo sistema, fundado en una estrategia nacional alternativa y en una política exterior distinta”xxxiv. La realidad es que sería bueno explicar cual ha sido la estrategia nacional y la política exterior coherente desde 1983 hasta hoy y en que contexto internacional favorable se ha colocado a nuestro país en ese lapso. ¿O acaso todos los gobiernos democráticamente electos desde 1983 han tenido políticas de estado en estrategia nacional y política exterior?

    Pero que nadie piense que se pretende transformar a las Fuerzas Armadas Argentinas en Fuerzas Policiales. Si algún militar está ansioso por perseguir asaltantes o hacer boletas de tránsito, debería haber entrado a la Escuela de Policía y no al Colegio Militar. Lo que se pretende es que el Estado haga uso racional de la fuerza legítima puesta a su disposición.

    A la búsqueda de una Política de Defensa y de Seguridad Pública.

    Antes de proponer algunas ideas básicas para nuestro sistema de seguridad y defensa, deberemos sacar algunas conclusiones de lo expresado hasta el momento:

    1.Es falso que los gobiernos constitucionales, después de 1983, hayan querido militarizar la seguridad interior. Entiéndase el termino peyorativo militarizar como emplear los medios militares para cumplir el mandato constitucional de preservar la paz interior cuando las fuerzas policiales y de seguridad hayan sido sobrepasadas. Lo que ocurrió fue que el marco legal impuesto era ideológico y no servía para las circunstancias concretas que debió enfrentar el país.

    2.También es falso que ante la aparición de algunas amenazas trasnacionales, haya habido intentos de “seguritización militarizante” (sic). Lo que ocurre es que algunas de esas amenazas provienen del ámbito externo y se proyectan al ámbito interno, como pasaría si fuerzas armadas enemigas invadiesen a nuestro país.

    3.La separación entre inteligencia criminal e inteligencia militar es una falacia, desde el momento que aparecieron las amenazas trasnacionales. Ninguna fuerza armada quiere reemplazar a las fuerzas policiales y de seguridad, pero no se puede prohibir por decreto que las agencias de seguridad externa e interna intercambien información de cualquier tipo, si van a afectar violentamente al país.

    4.Como existe una serie de medidas tácticas bien pensadas que unen con racionalidad lo establecido en las leyes del área de defensa desde 1983, no sería errado inferir que globalmente se trata de una estrategia bien pensada para librarse de las fuerzas armadas como sostén de la estructura del Estado, para convertirlas en sostén del aparato político del gobierno, lo que sería anticonstitucional por antirrepublicano (Art. 1 de la Constitución Nacional). En última instancia, sería una etapa más de las guerras civiles en que se encuentra inmersa la Argentina desde 1810, donde miembros de la misma clase social se disputan el ejercicio del poder.

    Por lo expuesto, hay varios conceptos básicos que deben observarse para sentar bases adecuadas para las políticas de seguridad y defensa:

    1.La seguridad nacional es un término de uso en todo el mundo, con contadas excepciones ideológicas en contrario. Existen muchas definiciones de ella porque la seguridad f (lat. securitis) significa confianza, tranquilidad de una persona o sociedad procedente con la idea de que no hay ningún peligro que temer y las percepciones de seguridad son subjetivas. Luego, la seguridad nacional es la situación en que un Estado aprecia que tiene libertad de acción para defender su integridad territorial, promover el bienestar económico de su población, ubicarse en un contexto internacional favorable y preservar sus propios valores culturales. Para la obtención de los intereses nacionales, los Estados generan un plan estratégico que llevan a cabo planificadores estratégicos civiles y militares idóneos, para obtener los objetivos políticos con los componentes del poder más adecuado para ello. Los objetivos políticos son cumplidos prioritariamente por uno de los componentes del poder nacional y la ayuda de los otros. Cuando un componente del poder cesa en el cumplimiento del objetivo nacional, es porque continúa otro componente del poder.

    2.Como su nombre lo indica, un Plan Estratégico corresponde al nivel estratégico. En el nivel estratégico no se conoce nada con certeza, se supone todo. Por eso un plan estratégico debe basarse en supuestos de problemas, o elípticamente dicho, amenazas a la seguridad del estado, sin que ello signifique prioridad en el empleo de los medios violentos. Lo noble de la estrategia es que no solo busca enfrentamientos y violencia, sino que la mayoría de las veces busca evitarlos.

    3.Esto aspectos mencionados son los intereses nacionales permanentes que son similares para todos los Estados de la tierra, variando en dimensión o alcance según sea el poder relativo de los Estados. Esta distribución del poder es consustancial al sistema internacional, en cuanto éste tiende a reflejar los intereses de aquellos miembros más poderosos. Cualquier sistema social, incluyendo para estos efectos el internacional, puede ser definido en términos de beneficios para sus integrantes, pero cuya distribución será inevitablemente desigual. De ello se sigue que aquellos inicialmente menos favorecidos, con el tiempo intenten alterar el sistema de modo que sus propios intereses se vean mejor reflejados. Este proceso será usualmente el resultado de una nueva distribución del poder al interior del sistema internacional que altere la relación funcional que existía anteriormente. De allí el interés nacional de colocarse en un contexto internacional favorable.

    4.La seguridad nacional abarca a todos los componentes del poder nacional, incluyendo a los medios militares, que son los instrumentos armados de la política del estado. La defensa del estado Defender: v.t. (lat.defendere) sostener a uno contra un ataque; proteger; es llevada principalmente pero no excluyentemente a cabo por los medios militares y principalmente contra las amenazas de origen externo.

    5.Hay una relación entre desarrollo, defensa nacional y seguridad nacional. La seguridad nacional es abarcadora del desarrollo y de la defensa, pudiendo reducirse a una igualdad: desarrollo para asegurar el bienestar económico, la identidad cultural y el contexto internacional favorable + la defensa de la soberanía e integridad del territorio = Seguridad Nacional del Estado.

    6.Las Fuerzas Armadas de un Estado no existen porque existen los conflictos, existen porque existe el Estado y la defensa es una función indelegable del Estado que no se puede privatizar ni delegar. Los conflictos no existen porque existan los militares, los militares existen porque existen los conflictos. Eso para los pacifistas que atribuyen a los militares los orígenes de todos los males, o para los ideólogos que quieren cambiar la estructura del estado y para eso necesitan fuerzas armadas adictas ideológicamente.

    7.Los Ejércitos jugaron un papel fundamental en el proceso de conformación de los Estados modernos. En la conformación de Alemania, en la conformación de Italia, en la conformación de la Argentina (Guerra de la Triple Alianza). De allí les viene el rol tradicional de defender la integridad y soberanía del territorio. Pero el papel principal es el de sostener la estructura del Estado conformado. Donde se debilitó el Estado y se dividió el Ejército, comenzó la guerra civil. La URSS, Somalia, Ruanda, Zaire, Liberia, Camboya, Albania, Líbano, la ex Yugoslavia y Kosovo, son ejemplos evidentes.

    8.Las FFAA deben estar sujetas a control político, para asegurarse que la violencia no exceda a los fines políticos que se quieren lograr. Este control político sobre lo militar debe ser realizado por gente idónea y no por aficionados, o ideólogos, o sociólogos que se agotan en el primer punto del control civil sobre lo militar: las relaciones entre gobierno y FFAA. Las funciones del control civil sobre lo militar excede por mucho a que los agregados militares vayan a esperar a los aeropuertos a los funcionarios civiles cuando van de visita. Eso es solamente buena educación, que por supuesto deben tener. El control civil sobre lo militar, deseable en un gobierno democrático, representativo y republicano se compone de varias acciones: definir y conducir la relación política primaria entre el Gobierno y las fuerzas militares, definir y ejecutar la Política de Defensa, aprobar la estrategia militar nacional y supervisar su conducción, proveer y asignar los recursos financieros de la defensa y resolver y dirigir el empleo de medios militares como instrumentos de política interior del Estado. De estas funciones de control civil sobre lo militar, en la Argentina desde hace 23 años se han concentrado en la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas y, en el 2006 las autoridades de turno han expresado que lo hecho hasta ese momento estaba mal. Del resto de las responsabilidades solo se han aplicado paños tibios.

    9.Como después de casi un cuarto de siglo la responsabilidad civil de la defensa es ineludible, algunos sectores ideológicos radicalizados han transformado todo en un problema de autoritarismo, cuando en realidad es un problema de falta de idoneidad o revanchismo.

    10.Una de las funciones el control político sobre lo militar, es establecer las formas y oportunidades en que las FFAA participan de la seguridad pública. Porque las FFAA sostienen la estructura del estado y no a los gobiernos de turno. Esta regulación sirve para que las FFAA no se transformen en la guardia pretoriana del gobierno de turno, que se identifica fácilmente cuando el nivel político expresa que sus Fuerzas Armadas deben estar comprometidas con el proyecto nacional, a lo que elípticamente mencionan como la doctrina nacional y popular. Las FFAA participan de la seguridad interior cuando las fuerzas policiales y de seguridad han sido rebasadas, pero debe quedar bien claro que las Fuerzas Armadas no están equipadas ni entrenadas para actuar como fuerzas policiales, por tanto no tienen ninguna vocación por hacerlo. Pero el poder político debe tener el valor suficiente apara asumir los costos de ordenar su empleo, con armas de poder letal y no negar posteriormente cualquier responsabilidad, como ha ocurrido en la historia argentina. Pero la Ley de Seguridad Interior que se apruebe, debe ser consistente: la forma en que se conduce debe estar en coherencia con los medios que se usan.

    11.La Ley de Defensa Argentina debe modificarse en su Art. 2 y explicitar que las Fuerzas Armadas participan en la defensa del país ante cualquier forma de agresión, sea externa o interna La diferencia entre seguridad interior y defensa externa es arcaica, ineficiente, obsoleta y cara. Un Estado no puede ponerse auto limitaciones al legítimo uso de la fuerza legal.

    12.A menos que la gravedad de la situación torne al narcoterrorismo, a las maras o a otras plagas internas incontrolables para las Fuerzas Policiales y de Seguridad, las FFAA no deben participar directamente en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Se justificaría en países donde la situación sea tan descontrolada y la corrupción policial y de la justicia hayan pasado el límite como para calificar al estado de fracasado. Pero en la Argentina, lo severamente objetable es que la ley de Inteligencia separe inteligencia criminal, de la inteligencia estratégico militar, habiendo aparecido aquí, en forma real y palpable, las amenazas transnacionales. Las dos inteligencias deben cooperar entre ellas y pasarse información fluidamente. Cuando luego del 11 S EE.UU. concluía que una de las fallas de seguridad eran los compartimentos estancos FBI – CIA (porque resultó ser que la CIA sabía algo y el FBI nada), la Argentina se esforzaba por hacerlos totalmente estancos, por causas no explicadas muy claramente, como si no quisiese develar conexiones internas del narcotráfico. Pero todo depende de cómo se configure la amenaza del narcoterrorismo en cada país. Nadie objeta que en Colombia las FFAA sean empleadas contra el narcoterrorismo. El diario del 21 de Abril de 2006 decía que el 51% de los habitantes de Río de Janeiro quieren emigrar, por considerarlo un lugar poco seguro y ningún brasileño duda que sea necesario el Ejército para combatir las pandillas del narcoterrorismo. En la Argentina, ¿deberemos esperar a que quiera emigrar la mitad de la población, o deberíamos anticiparnos a los hechos, es decir ser hombres de estado prudentes?

    13.Como decía Maquiavelo, la política se parece mucho a las ciencias naturales. Lo comparaba con la tisis, al principio difícil de identificar y fácil e curar, pero luego de exteriorizados todos los signos y síntomas, fácil de identificar, pero difícil de curar. Por eso el hombre de Estado debe ser prudente y anticipar los conflictos, para resolverlos más rápido y al menor costo. Ahora nos hipnotizamos por el terrorismo y el narcotráfico. Nadie se alarma todavía por las maras y las tienen frente a las narices aquí y ahora. Hay proto-estados por todos lados y nadie se da cuenta, porque están en la política de comité y de barrio, distribuyendo cajones de pollos para las elecciones.

    14. Quizás necesitemos un político prudente que suponga los problemas por venir sobre bases racionales y tome medidas concretas con legislación adecuada, antes de que ocurran, para evitar que tales cosas ocurran y no que pretenda luego juzgar los delitos con ley posterior al hecho que se juzga. En tanto, sigamos la discusión bizantina si la seguridad es externa o interna, a cargo de la policía o las fuerzas armadas, según los conceptos agresión entre Estados de ONU de 1974, en plena Guerra Fría. Las amenazas trasnacionales son reconocidas como amenazas a la seguridad del estado y en la Argentina, la responsabilidad de planear estratégicamente, para evitar que se afecte la seguridad del estado se le ha dado a las Fuerzas de Seguridad, responsables de mantener el orden público interno. En esto si que estoy seguro que vamos a la vanguardia de las transformaciones, no solo en América sino en el mundo, aunque estoy convencido que no vamos en la dirección correcta.

    15.Porque debemos de ser muy concientes que se debilitan las Fuerzas Armadas de un Estado y se pone en riesgos muchas cosas: primero, se altera el equilibrio estratégico regional y la tentación del ser humano es tomar lo que se ambiciona cuando esta desprotegido; segundo, porque no siempre es bueno confiar en los predicadores de la paz, puesto que siempre es más fácil tomar lo que no esta vigilado adecuadamente; tercero, porque pueden surgir secesiones étnicas que disgreguen y disuelvan al Estado y tales conflictos étnicos pueden ser impulsados por otros estados para debilitar al propio y, finalmente, porque debilitando las Fuerzas Armadas, inexorablemente se debilita el Estado y se cierne la amenaza de la guerra civil.

    16.En el contexto mencionado, las funciones de las Fuerzas Armadas en un estado republicano son muy concretas:

    Defender la integridad y soberanía del territorio nacional y de los bienes y personas argentinas bajo jurisdicción nacional. Ello incluye las amenazas tradicionales y trasnacionales, en los aspectos que establezca la ley.
    Participar en operaciones de paz de acuerdo al interés nacional, colaborando a que el país se coloque en un contexto internacional favorable a los propios intereses.
    Participar en operaciones de seguridad interior cuando las fuerzas policiales y de seguridad sean sobrepasadas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes nacionales, que deben regular el uso del poder letal de las armas.
    Participar en toda otra actividad administrativa del estado tendiente al desarrollo nacional, donde se explote adecuadamente su capacidad de planificación, distribución territorial, medios de comunicaciones fijos y móviles, equipamiento y transporte, como por ejemplo mitigación de desastres naturales, protección del medio ambiente, integrar planes de desarrollo nacionales en vacíos geopolíticos y protección de los recursos naturales renovables y no renovables.

    -- IEEBA -- Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires

  2. #2
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    Predeterminado Re: Los planes estratégicos y la “seguritización militarizante”.

    Me voy a animar a hacer una afirmación, todo este libreto para mi es como el cuento de la buena pipa.....no tiene principio ni final en nuestro País, hace sesenta años o mas que discutimos lo mismo caballeros, que la pobreza, que lo cortes de luz con el calor, que la inflación, que los vendepatria, que la maldita policía, que los políticos corruptos, etc etc.........pero que hemos hecho como sociedad para cambiarlo? Nada!!!
    La sociedad Argentina no es la Libanesa o Irani, aquí no somos fundamentalistas ni fanáticos religiosos...tampoco nos asemejamos a las sociedades estadounidenses o británicas, en las que todo gira en torno al $$$$$$$$ pero bajo la tutela y defensa a uñas y dientes de los intereses nacionales...
    La sociedad Argentina esta netamente marcada por un conflicto de intereses económicos, al llegar a un puesto de poder, el ciudadano trata de formar su nodo de seguridad financiera importándole un bledo lo que ocurra a nivel institucional, paso con todos los Gobiernos desde que me de la memoria haber leído...democráticos o dictatoriales, las cúpulas y cabezas de todas las organizaciones políticas que hayan tenido poco de poder, llenaron sus arcas y jamas volvieron a hablar o defender las barbaridades cometidas en pos de ocupar un puesto en algún ente recaudador ministerial...entonces para mi no deja de ser una falacia la idea de que en Argentina tengamos una doctrina política o religiosa...y si la hay, lamentablemente el propio sistema evitara que llegue a los puestos que podrían dar lugar al verdadero cambio de pensar Nacional...
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    Saludos!


  3. #3
    Guest
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    Predeterminado Re: Los planes estratégicos y la “seguritización militarizante”.

    Coincido marito.......

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