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EE.UU.: científicos descubren un nuevo punto débil del coronavirus El mundo entero se encontró con el coronavirus casi sin esperarlo y desde ese momento, la ciencia comenzó con las investigaciones para hallar un tratamiento o una vacuna para ponerle fin a la pandemia. Pero para desarrollar una cura es indispensable descifrar el virus y conocer su forma de actuar. En las últimas horas, se dio a conocer un estudio realizado por un grupo de científicos de la Universidad Northwestern de Illinois, Estados Unidos. Los investigadores descubrieron un nuevo punto débil en la famosa proteína S o proteína de la espícula, la gran molécula a través de la cual el coronavirus reconoce a las células humanas y se mete en ellas. Este hallazgo, publicado en la revista ACS Nano, abre la posibilidad de una nueva vía de tratamiento. A través de simulaciones que reprodujeron la proteína a una escala de nanómetros (un nanómetro es la millonésima de un milímetro), los científicos analizaron una región con carga positiva, conocida como sitio de escisión polibásico. Esta zona se encuentra a una distancia de 10 nanómetros del sitio de reconocimiento de la proteína S, el punto exacto en el que la molécula se une a las proteínas humanas. En la investigación descubrieron que esta escisión permite que la unión entre la proteína de la espícula y los receptores de las células humanas, con carga negativa, sea fuerte. Por eso, diseñaron una molécula negativa con capacidad para unirse a la escisión, bloqueando así la habilidad del SARS-CoV-2 de unirse a células humanas. "Nuestro trabajo indica que bloquear este sitio de escisión puede ser un tratamiento profiláctico viable que disminuya la habilidad del virus para infectar a humanos", dijo en un comunicado Monica Olvera de la Cruz, directora de la investigación. "Además, nuestros resultados explican estudios experimentales que mostraban que las mutaciones de la proteína de la espícula afectaban a la transmisibilidad del virus", añadió. https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/en-estados-unidos-cientificos-descubren-nuevo-punto-nid2422149
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Ocupación del Norte de Siria por Turquía Tras los enfrentamientos a gran escala con el Ejército Árabe Sirio a principios de 2020 en el norte de Siria, en los que las fuerzas turcas intervinieron directamente para evitar la reconquista de la provincia norteña de Idlib por las fuerzas armadas de Siria, Turquía ha creado un centro de comando unificado para supervisar futuras operaciones militares en el país. La presencia militar turca en Siria carece de autorización de las Naciones Unidas o del gobierno sirio y, por lo tanto, es ilegal. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien presidió una reunión del Consejo Militar Supremo el 23 de julio donde dio órdenes para crear el centro de mando, ha prometido que la ocupación turca del norte de Siria continuará hasta que el gobierno de Damasco sea destituido del poder. Ankara ha insistido en que apoyará el derrocamiento del gobierno sirio baathista, que ha sido blanco de ataques de Israel, Estados Unidos y varios estados europeos en los últimos años. Idlib sigue siendo el único bastión importante de los insurgentes antigubernamentales en Siria, y se ha utilizado como escenario para lanzar ataques tanto contra centros de población sirios como contra bases militares rusas y sirias más profundas en el territorio del país. La provincia ha sido descrita por funcionarios estadounidenses como el mayor bastión de Al Qaeda en el mundo desde 2001, y los militantes afiliados a Al Qaeda reciben apoyo y protección turcos continuos para evitar su arresto o expulsión del país por las fuerzas armadas sirias. La intervención militar turca en Siria, que ha recibido el apoyo del bloque occidental en general y el apoyo militar tácito del vecino Israel, otro adversario sirio desde hace mucho tiempo, ha creado un estancamiento que ha impedido que Damasco reunifique el país y expulse a las fuerzas yihadistas. La Fuerza Aérea Siria no se encuentra actualmente en una posición sólida para contrarrestar los ataques turcos debido a una reorientación de los recursos de las capacidades aéreas a las aéreas durante los últimos diez años para contrarrestar la insurgencia en curso librada por elementos yihadistas. https://militarywatchmagazine.com/article/new-turkish-command-center-covering-idlib-cements-illegal-occupation-of-northern-syria
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Encontrar un rumbo para los hidrocarburos: ¿se necesita una nueva ley? Fue el Estado nacional quien marcó las directrices para el desarrollo de los diferentes yacimientos, que fueron descubriéndose a medida del correr de los años, apoyándose fundamentalmente en la empresa de bandera nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), creada en 1922, con todas las historias contenidas, hasta llegar a la década de 1980. La Ley de Hidrocarburos N° 17.319 fue dictada y promulgada en 1957, luego fue modificada por ley 24.145 de fines de 1992, por la ley N° 26.197 en primeros días de 2007 y por ley N° 27.007 de octubre de 2014. Las mismas describen, el marco en donde se desarrolla la actividad hidrocarburifera, tanto convencional como no convencional, como se conoce en los presentes días. Hasta llegar al presente, podemos decir que se ha escrito bastante, con las mejores intenciones y con el objeto de diseñar una estructura con todo lo necesario para desarrollar la actividad hidrocarburifera en nuestro país. Convengamos que a pesar de que esta actividad tiene más de cien años desde el descubrimiento del petróleo en proximidades de la ciudad de Comodoro Rivadavia, tuvo sus vaivenes, sobre todo en el tema de la propiedad del subsuelo. Hubieron momentos en que dicha propiedad era de las provincias (Ley 12.161) y luego paso a ser del Estado Nacional, mediante la Ley 17.319 en su etapa original, como para mostrar este punto delicado, conflictivo y crucial. En la última parte de esa década, las provincias donde se llevaban a cabo la explotación de petróleo y también de gas natural comenzaron a intervenir en el tema, principalmente por el impacto que estaba empezando a sentirse tanto en sus presupuestos, como en el incremento de actividades en varias de dichas jurisdicciones. Recordemos por ejemplo que en 1976, se descubre el importante yacimiento de gas y condensados denominado Loma La Lata, en Neuquén, el cual se pone en marcha su potencial productivo a través de ductos dedicados a partir de 1982, colaborando en el aporte de energía a nuestro extenso país. La mencionada intervención de parte de estas provincias productoras comenzó a tomar forma mediante la creación por acuerdo de sus gobernadores en agosto de 1986, de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). La Ofephi fue y sigue siendo integrada por Jujuy, Salta y Formosa que integran la Cuenca del Noroeste; Mendoza que tiene una superficie en la Cuenca Cuyana y otra en la Cuenca Neuquina que además la integran La Pampa, Rio Negro y Neuquén; Chubut y Santa Cruz Norte que forman la Cuenca del Golfo San Jorge, mientras la parte sur de Santa Cruz en conjunto con Tierra del Fuego forman la Cuenca Austral, la que incluye la explotación off shore que pertenece al Estado Nacional. Con el dictado de la Ley 24.145, denominada de Federalización de los Hidrocarburos, se vislumbra la participación más directa de las provincias, pues se empieza a escribir sobre el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos y su transferencia hacia éstas. Cuestión que en su articulado se ve afirmada por la creación de una comisión de provincialización de los hidrocarburos, que permitan ordenar, adaptar y perfeccionar el régimen de la Ley Nº 17.319, con un plazo determinado y una vez cumplido esto se concretaría el traspaso del mencionado dominio. En 1994 se firmó entre el Poder Ejecutivo Nacional y las Provincias Productoras de Hidrocarburos el denominado Pacto Federal de los Hidrocarburos, el que incluía el proyecto de ley de adecuación normativo para la actividad, transfiriendo el dominio de los yacimientos, creando a su vez el Ente Federal de los Hidrocarburos, aceptándose los roles fijados en artículos 97 y 98 de Ley 17.319, por lo cual las jurisdicciones se comprometían a unificar criterios de aplicación en el ámbito de ese Ente Federal, para resguardar el interés del País y sus habitantes. El proyecto nunca se concretó en los tiempos previstos y las facultades descriptas en artículo 98 de ley 17319 siguieron en manos del Estado Nacional, ejerciendo la Autoridad de Aplicación, según artículo 97 de esa ley, a través de la Secretaria de Energía o quien la sucediera, a pesar de los continuos reclamos de las provincias, en forma individual o colectiva por intermedio de la Ofephi. La falta de cumplimiento de lo acordado en ese Pacto Federal de los Hidrocarburos de 1994 provocó que la Ofephi, a través de la firma del Tratado Interprovincial de los Hidrocarburos firmado en 1999, buscara implementar los puntos acordados en su momento, cuestión que tampoco se lograra. En 2006 se firmó el Acuerdo Federal de los Hidrocarburos entre el Poder Ejecutivo Nacional y las Provincias Productoras de Hidrocarburos, por el cual se propone un proyecto de norma que luego se transformara en ley bajo el número 26.197, denominada “ley corta”, en primeros días de enero de 2007. Con este nuevo marco, queda definida la pertenencia del dominio del subsuelo en consonancia con artículo 124 de la Constitución Nacional, como también que el ejercicio de las facultades como Autoridad Concedente, por parte del Estado nacional y de los Estados provinciales, se desarrollará con arreglo a lo previsto por la Ley Nº 17.319, su reglamentación y de conformidad a lo previsto en el Acuerdo Federal de los Hidrocarburos, según reza en artículo 2 de ley 26.197. El artículo 6 de Ley 26.197 expresa que a partir de la promulgación de la mencionada ley las provincias, como Autoridad de Aplicación, ejercerán las funciones de contraparte de los permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultadas, entre otras materias para: ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de los referidos permisos y concesiones, y de cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional; exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de cánones y regalías; disponer la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley Nº 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa, suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones o en los contratos). Las facultades descriptas en el párrafo anterior, no resultan limitativas del resto de las facultades derivadas del poder concedente emergentes de la Ley Nº 17.319 y su reglamentación. Los Estados provinciales productores, a partir de la vigencia de Ley 26.197, con la incorporación luego de Ley 27.007, realizaron los avances tanto en prorrogas de concesiones de explotación, otorgamientos de permisos de exploración como nuevas concesiones de explotación en yacimientos convencionales y no convencionales, como también en los controles y fiscalización, en la medida de las posibilidades que tuvieron a su alcance, coordinando acciones a través de la Ofephi, aplicando las normativas vigentes cuya base principal fueron las sancionadas por el Organismo Nacional. Mas..
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El Gobierno apuesta a retomar la electrificación del San Martín y la compra de 560 coches El Ministerio de Transporte busca reflotar la compra de 560 coches pendiente desde el gobierno anterior: Alstom y TMH confirmaron que mantienen sus ofertas. Además, consideran de "imperiosa urgencia" dar inicio a la electrificación del San Martín, que estaría próxima a adjudicarse a dos años de la apertura de sobres. El Ministerio de Transporte de la Nación busca reflotar una serie de inversiones pendientes desde el gobierno anterior en los ferrocarriles metropolitanos, entre las que se cuentan el proyecto de electrificación de la sección local del Ferrocarril San Martín (Retiro – Pilar) y una compra de 70 trenes eléctricos que en principio estarían destinados para esa línea. Esa compra había sido originalmente proyectada en función del malogrado proyecto RER (Red Expresa Regional) y contemplaba en principio la adquisición de 169 trenes. Ante la suspensión de la iniciativa, fue recortada a 70 formaciones (560 coches si se consideran trenes de ocho unidades). Sus sobres fueron abiertos a fines de diciembre de 2018, presentándose tres empresas: Alstom Brasil, TMH International y la argentina Vemerkiper. La licitación entró en período de evaluación de ofertas y desde entonces no hubo más novedades. Hasta ahora. Recientemente, las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte consultaron a las empresas que se presentaron, y tanto Alstom como TMH manifestaron que mantienen vigente la oferta presentada oportunamente. En función de esto, la semana pasada el ministro Mario Meoni oficializó, mediante resolución publicada en el Boletín Oficial, la designación de nuevos miembros en la comisión a cargo de la evaluación de las ofertas, a fin de “culminar” el proceso. Entre los designados se encuentran varios profesionales de la SOFSE, algunos de los cuales participaron en la elaboración de los pliegos de los futuros cochemotores para la línea Belgrano Norte. Tal como explicó enelSubte, se comprarían 560 coches de trocha ancha y tracción eléctrica, equipadas con pantógrafo y capaces de operar a catenaria con una tensión de 25 kV, es decir, el estándar de la línea Roca y el que se aplicará a la línea San Martín una vez electrificada, a la que serían destinados buena parte de estos trenes. La electrificación del San Martín es, precisamente, otro de los proyectos demorados que el Gobierno apunta a retomar en breve. Tal como explicó este medio, se trata de una obra postergada durante décadas cuya ejecución comenzó a destrabarse a mediados de 2017, cuando el gobierno anterior alcanzó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento de los trabajos. La licitación fue lanzada a fines de ese mismo año y los sobres con las ofertas se abrieron en julio de 2018, presentándose cinco consorcios. Sin embargo, el análisis de las propuestas se dilató mucho más allá de lo esperado. Para peor, estaba previsto comenzar con las obras en el segundo semestre del año pasado, una vez que terminaran los trabajos del viaducto entre Palermo y La Paternal. La propia obra del viaducto se frenó, su contrato fue rescindido y volvió a ser licitada, aunque aún está pendiente de adjudicación. Ahora, a más de dos años de la apertura de sobres, el Gobierno busca reimpulsar el proyecto. En documentos internos el Ministerio de Transporte califica de “imperiosa urgencia” su realización. El ministro Meoni, en tanto, ha dicho que se está trabajando en el proyecto y que espera anunciar la adjudicación en breve, lo que dará pie al inicio de las obras. Desarrollo y Defensa
Noticias de Centroamérica
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Guatemala presenta reclamo territorial sobre Belice ante La Haya
"Hoy es un día histórico. Hemos presentado en La Haya la memoria sobre el reclamo territorial en Belice. Constituye una labor patriótica de la mayor talla", aseguró el canciller guatemalteco, Pedro Brolo.
Guatemala presentó este martes (08.12.2020) de manera oficial su demanda de reclamo territorial sobre Belice frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos), en el último día de plazo establecido por las autoridades.
"Hoy es un día histórico. Hemos presentado en La Haya la memoria sobre el reclamo territorial en Belice. Constituye una labor patriótica de la mayor talla", aseguró en rueda de prensa el canciller guatemalteco, Pedro Brolo.
La memoria o demanda interpuesta contiene "el reclamo territorial, insular y marítimo en contra de Belice" y en la misma "se reclaman todos los derechos heredados de España al momento de la independencia de Guatemala en 1821", según puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. El memorial entregado por Guatemala consta de ocho volúmenes que en total suman 4.813 páginas.
¿De qué se trata la disputa?
La historia del conflicto se remonta a 1783, cuando la corona española le permitió a Inglaterra cortar árboles en la parte norte del territorio beliceño, de 22.966 kilómetros cuadrados.
Casi 80 años después, Guatemala cedió el territorio de Belice a Inglaterra a cambio de una carretera hacia el Mar Caribe, pero el Reino Unido no cumplió la promesa. A finales de siglo, Gran Bretaña ofreció 50.000 libras esterlinas para que el país centroamericano construyera la carretera, dinero que tampoco entregó, por lo que, en 1946, el Congreso guatemalteco anuló ese convenio de pago.
Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991 pero nunca aceptó las fronteras y continúa con el reclamo de unos 11.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio beliceño.
Inicialmente Guatemala debía remitir la demanda el 8 de junio pasado, pero la Corte Internacional de Justicia le extendió un plazo de seis meses que vencía este martes. El aplazamiento obedeció a la expansión del COVID-19 en Guatemala, según dijo en su momento el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Belice, por su parte, tiene hasta el 8 de junio de 2021 como fecha máxima para entregar su memorial de respuesta, pues la CIJ también le extendió un año su plazo de entrega.
Fuentes: efe, prensa libre. DW